La FAPE se suma a las organizaciones que piden a la Junta la paralización del decreto ley 2/20 y volver al consenso sobre el audiovisual andaluz

FAPE – 20/04/2020

Palacio de San Telmo, sede de la Presidencia de la Junta de Andalucía
Palacio de San Telmo, sede de la Presidencia de la Junta de Andalucía

Colectivos profesionales, organizaciones sociales, facultades de comunicación, sindicatos, oenegés y medios de comunicación alertan sobre la desregulación en un sector que provocará más privatizaciones, competencia desleal, intrusismo laboral y carta blanca a las emisiones piratas y menos pluralidad informativa. Las entidades advierten sobre el impacto negativo en el empleo de un decreto que deja al sector audiovisual andaluz “tocado de muerte”

Los colectivos profesionales, organizaciones sociales, facultades de comunicación, sindicatos, oenegés y medios de comunicación firmantes, alertamos de las devastadoras consecuencias para el empleo, la pluralidad informativa y la diversidad mediática del Decreto Ley 2/20, de Mejora y Simplificación de la Regulación para el Fomento de la Actividad Productiva en Andalucía, aprobado por el Gobierno Andaluz y remitido para su validación al Parlamento regional. Esta norma supone, de facto, una ruptura de los consensos políticos y sociales que llevaron a la aprobación de la Ley Audiovisual de Andalucía (2018) y que convirtió a la Comunidad andaluza en un referente en políticas audiovisuales a nivel estatal.

Las entidades firmantes denunciamos las formas con las que ha actuado el Gobierno de la Junta de Andalucía, llevando a la Diputación Permanente y en pleno Estado de Alarma por el COVID-19 importantes cambios sin debate alguno y tan solo dos años después de dar el visto bueno a la actual Ley por parte de todos los grupos políticos del Parlamento. Pedimos al Gobierno andaluz que abandone la unilateralidad y vuelva a la Mesa para la Ordenación e Impulso del Sector Audiovisual en Andalucía (MOISA) para alcanzar los consensos necesarios que mantengan la esencia de la norma andaluza que tanto tiempo y esfuerzos nos costó construir.

Las principales consecuencias de este Decreto, que ataca el cuerpo central de la norma andaluza, es la privatización de los medios públicos locales, tanto de radio como de televisión. Además, contraviene uno de los objetivos de la comunicación local, que es la construcción de identidad territorial, al permitir que desembarquen empresas de comunicación desde fuera de Andalucía sin arraigo en el territorio, ocupando frecuencias que ahora son públicas.

Esta particularidad, permitirá que cualquier empresa pueda utilizar la frecuencia de la radio o televisión municipal sin fines de servicio público y para repetir una señal producida en Madrid, Barcelona o incluso, en el extranjero, algo que va claramente en detrimento del empleo andaluz, los contenidos locales y la articulación territorial.

El artículo 5 del Decreto Ley que reforma la Ley Audiovisual establece la supresión del artículo 38.1.c, eliminando la obligación de disponer de estudio de producción operativo en el ámbito territorial de cobertura (seas municipal, comercial o comunitario). Esta medida es contraria a la Ley General Audiovisual y a los principios inspiradores de la Ley andaluza.

Por otra parte, lejos de proteger el espacio radioeléctrico, este Decreto Ley permitirá a las empresas anunciarse en emisoras ilegales e incluso emitir campañas institucionales derivadas por agencias de publicidad sin que sean sancionadas. Esta norma garantiza impunidad a las emisiones piratas que merman la capacidad de ingresos por publicidad de las emisoras legales, tanto privadas como públicas, desregulando el sector, su transparencia y control fiscal.

El decreto degrada el papel del Consejo Audiovisual Andaluz, prescindiendo de sus informes para determinados asuntos entre ellos los cambios de adjudicatarios en los negocios jurídicos con las licencias obtenidas en concurso público. Con esta decisión, el gobierno andaluz minusvalora al sector audiovisual y pone en riesgo industria y empleos.

El decreto del Gobierno deja al sector audiovisual andaluz, que esperaba con urgencia la puesta en marcha de las medidas anunciadas en la Ley Audiovisual aprobada por unanimidad hace menos de dos años, tocado de muerte. Al auge de la piratería, el mercadeo de licencias y la dificultad en la articulación territorial en una región de más de 8 millones y medio de habitantes y 87.000 km cuadrados se suma este despropósito del gobierno regional que pretende convertir Andalucía en un mero satélite transmisor, un latifundio mediático sin información local, destruyendo empleo y comprometiendo el futuro del audiovisual andaluz. La ciudadanía andaluza no ha pedido tamaña desregulación.

No es una exigencia ni una necesidad del sector audiovisual, más bien al contrario: necesitamos poner en marcha con urgencia las medidas de control e impulso del audiovisual contempladas en la Ley. Es por ello que pedimos a la Junta de Andalucía paralizar la aprobación de este decreto y que convoque una mesa de diálogo con urgencia y sin excusas.

ORGANIZACIONES FIRMANTES:

  • Sindicato de Periodistas de Andalucía (SPA-FeSP)
  • Federación de Sindicatos de Periodistas (FeSP)
  • Asociación de Emisoras Municipales y Ciudadanas de Andalucía de Radio y Televisión (EMA RTV)
  • Red Estatal de Medios Comunitarios (ReMC)
  • Colegio Profesional de Periodistas de Andalucía (CPPA)
  • Coordinadora Andaluza de ONGD (CAONGD)
  • Facultad de Comunicación de la Universidad de Málaga
  • Facultad de Comunicación de la Universidad de Sevilla
  • Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE)
  • Asociación de la Prensa de Sevilla
  • Asociación de la Prensa de Almería
  • Asociación de la Prensa de Cádiz
  • Asociación de la Prensa de Huelva
  • Asociación de la Prensa de Málaga
  • Asociación de la Prensa de Córdoba

La FAPE anima a los periodistas a seguir garantizando el derecho de información de los ciudadanos

FAPE – 23/03/2020

La FAPE apoya y se solidariza con los periodistas que están trabajando para tener informada a la población

En la víspera del cumplimiento de los primeros 15 días de confinamiento, la Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE) destaca el enorme e impagable servicio que los periodistas y fotorreporteros están haciendo para asegurar el derecho de información de los ciudadanos con su cobertura de la pandemia del coronavirus aún a riesgo en algunos casos de su salud.      

A punto de comenzar la segunda quincena de confinamiento, la FAPE anima a los periodistas a mantener el esfuerzo por ofrecer a los ciudadanos la información veraz, verificada y contrastada que les sirva para formarse su propia opinión y tomar sus decisiones con un conocimiento profundo de los hechos, lejos del señuelo de las noticias falsas, los bulos y los rumores. Solo de esta manera podremos cumplir eficazmente nuestra misión esencial de servicio público.

La principal preocupación de la FAPE es que la actividad de los periodistas esté rodeada de las máximas medidas de seguridad y de protección de su salud, sobre todo para los que están ejerciendo el oficio a pié de calle, y que esta gravísima crisis no abra la puerta a despidos fulminantes en un escenario de alta precariedad que ya ha propiciado ERTES y suprimido los encargos informativos a autónomos, freelance y colaboradores.

En este sentido, la FAPE se une a la Federación Internacional de Periodistas, de la que es miembro, y a otras ochos organizaciones internacionales de prensa que han pedido a la Unión Europea que declare el periodismo y el libre flujo de información como servicios esenciales en los esfuerzos de Europa para contener la pandemia.

La FAPE suscribe la declaración de dichas organizaciones, en la que se subraya que el flujo libre de noticias independientes es más esencial que nunca, ”tanto para informar al público sobre medidas vitales para contener el virus como para mantener el escrutinio público y el debate sobre la idoneidad de esas medidas”.

La rendición de cuentas a la que están obligados los Gobiernos, y que se hace a través de los medios, cobra especial relieve e importancia en la gravísima crisis que estamos viviendo, dado que los ciudadanos reclaman una información transparente, rigurosa y puntual sobre las medidas que se están tomando para frenar la pandemia y las consecuencias que tendrán sobre sus vidas.

El periodismo de nuestro país estará ejerciendo eficazmente su función de servicio púbico si elabora y difunde informaciones veraces, verificadas y contrastadas con fuentes fiables, única defensa que tiene la sociedad para afrontar las estrategias de desinformación partidistas, las especulaciones sin fundamento y los bulos y rumores malintencionados, que solo pretenden crear un estado de alarma generalizado a fin de romper la convivencia democrática en nuestro país.

La FAPE solicita ayudas a los medios ante el desplome publicitario

FAPE – 23/03/2020

La FAPE solicita ayudas a los medios ante el desplome publicitario

La Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE) solicita al Gobierno que estudie y apruebe un plan de ayudas específicas a los medios de comunicación para evitar que el desplome de la publicidad, debido al parón de la economía y las medidas de emergencia derivadas de la pandemia del coronavirus, cause el cierre de empresas editoras y despidos generalizados.         

La FAPE alerta al Gobierno de que el periodismo, uno de los pilares de la democracia,  no puede permitirse una repetición de la crisis del decenio de la recesión, donde el sector de los medios fue uno de los más golpeados, con 13.000 empleos perdidos y decenas de empresas cerradas.

La desaparición de medios no solo es grave por la pérdida de empleos, sino que afecta también a la necesaria pluralidad informativa que exige la democracia para que los ciudadanos formen su propia opinión y tomen sus decisiones en libertad.

El Gobierno debe considerar el impagable servicio público que, en esta durísima crisis, están prestando a la sociedad aquellos medios que apuestan por la información veraz, verificada y contrastada con fuentes fiables, base del periodismo de calidad, que es sin duda la mejor barrera contra las noticias falsas, los bulos y los rumores que tanto daño están haciendo a la personas y a la democracia.

Los medios y los periodistas están haciendo un esfuerzo formidable para garantizar el derecho de información de los ciudadanos.  A su vez, el crecimiento de las audiencias en estos días confirma que los ciudadanos aprecian el alto servicio público que les están ofreciendo los periodistas y los medios que se sostienen en el mencionado periodismo de calidad.

Para mantener este imprescindible bien público esencial, la FAPE considera oportuno y necesario un plan de ayudas específico para los medios, condicionado siempre a asegurar el mantenimiento del empleo en unas redacciones que resultaron ya muy debilitadas durante la pasada recesión.

Si, como piden los editores, una de las medidas pasara por el incremento de la publicidad institucional, la FAPE reclama la máxima transparencia y pluralidad en el reparto de la inversión.

La FAPE solicita al Gobierno ayudas para periodistas y fotorreporteros autónomos

FAPE – 13/03/2020

La FAPE solicita al Gobierno ayudas para periodistas y fotorreporteros autónomos

La Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE) solicita al Gobierno que apruebe ayudas urgentes para todos los periodistas y fotorreporteros autónomos, debido a la precaria situación en la que se encuentran por la suspensión de una serie de acontecimientos informativos de todo tipo cuya cobertura suponía una parte fundamental de su remuneración.

Centenares de periodistas y fotorreporteros acogidos al régimen de trabajadores autónomos se han quedado sin trabajo a causa de la suspensión por el coronavirus de acontecimientos políticos, sociales, culturales y deportivos en toda España.

La durísima crisis que padecieron los medios de comunicación durante la recesión de 2008 a 2018 no solo originó la pérdida de más de 13.000 empleos, sino que forzó la conversión de centenares de periodistas y fotorreporteros en trabajadores autónomos, colectivo que, a consecuencia del coronavirus, entra en una fase de máxima precariedad laboral y salarial.

Una de las medidas de urgencia que solicitamos al Gobierno es que, ante la pérdida de los empleos, estudie una forma de compensación en el pago de la cuota fija mensual, a fin de que queden garantizados tanto sus necesidades básicas como sus derechos como trabajadores.

En otro orden de cosas, la FAPE pide a las instituciones, partidos políticos y otro tipo de organizaciones que, cuando sea imprescindible convocar una rueda de prensa, se recurra a medios telemáticos para desarrollarla.

A la FAPE  han llegado quejas de periodistas que han sido convocados a ruedas de prensa para informar de la suspensión de actos de escasa trascendencia a causa del coronavirus.

Por otra parta, la FAPE llama nuevamente a la rigurosidad en las informaciones y a contrastarlas con fuentes fiables en un tema tan delicado socialmente como es la epidemia del coronavirus. El seguimiento en todo momento de las recomendaciones de las autoridades se hace más imprescindible que nunca ante la proliferación de noticias falsas, bulos y rumores que se propagan por las redes sociales, con un efecto perjudicial porque contagian la sensación de miedo y de pánico.

Como señala la Organización Mundial de la Salud, debemos ser responsables, informar con prudencia y sin caer en el sensacionalismo. No promover el pánico. Combatir la desinformación. Ser rigurosos. Y no caer en las explicaciones simples que reducen esta grave epidemia a «otra gripe más», porque tampoco lo es.

La FAPE reitera su convencimiento de que aquellos medios que informen con veracidad, verifiquen y contrasten las noticias y respeten las normas deontológicas, reforzarán en esa crisis su prestigio y credibilidad, en contraposición a aquellos que apuesten por el sensacionalismo y el amarillismo.

Fernando Garea regresa a El Confidencial como Director Adjunto

infoperiodistas.info – 12/03/2020

Fernando Garea regresa a El Confidencial como Director Adjunto
Parte de la redacción de eldiario.es

El periodista Fernando Garea ha regresado al Confidencial, digital donde ya recaló en septiembre de 2017 con el mismo cargo. El pasado mes de febrero, el Gobierno cesó a Garea de la Agencia EFE y eligió a Gabriela Cañas como nueva presidenta. Fernando Garea fue nombrado máximo dirigente de la agencia pública de noticias en julio de 2018.

Fernando Garea es licenciado en periodismo por la Universidad Complutense de Madrid y ha desarrollado gran parte de su carrera como cronista parlamentario. Comenzó su actividad profesional en el desaparecido ‘Diario 16’ y formó parte del equipo fundador de ‘El Mundo’ y ‘Público’, además de ejercer de tertuliano en cadenas como Antena 3, Telecinco y CNN.

Garea, se incorporó a El País en abril de 2008. Durante nueve años ejerció en el diario de Prisa en el área de la política parlamentaria.

El Gobierno recurre la indemnización a la familia Couso decretada por la Audiencia Nacional

elpais.com – J. J. Gálvez – 3/03/2020

El Gobierno recurre la indemnización a la familia Couso decretada por la Audiencia Nacional

El Gobierno de Pedro Sánchez ha decidido recurrir ante el Tribunal Supremo la indemnización impuesta por la Audiencia Nacional al Estado por abandonar a la familia del cámara de Telecinco José Couso, asesinado por militares estadounidenses en Irak en 2003, en su batalla legal en Estados Unidos. Según confirman fuentes jurídicas, la Abogacía del Estado ya ha comunicado que presentará alegaciones a la sentencia de la Sala de lo Contencioso-administrativo de la Audiencia, que concluyó que se debía pagar cerca de 182.000 a la esposa y descendientes del cámara de televisión por no haberles prestado ayuda diplomática. Según subrayó aquel fallo, del pasado 11 de diciembre, España “se limitó a recibir y aceptar las explicaciones ofrecidas por Estados Unidos”.

Esta decisión supone un nuevo revés a la familia del periodista asesinado en 2003 durante la guerra de Irak, cuando un carro de combate de Estados Unidos disparó un proyectil de 120 milímetros contra el hotel Palestina. Según la sentencia de la Audiencia Nacional, el Estado debe “reparar el daño causado”, ya que “no consta la realización de gestión alguna tendente, no ya al reconocimiento de la ilicitud del ataque, sino a la reparación de sus consecuencias patrimoniales de un modo razonable”. “Y ello, pese a las muy numerosas peticiones que al respecto se formularon por diversos grupos parlamentarios según consta en el expediente administrativo”, incidieron los magistrados de lo Contencioso-administrativo.

Según fuentes de Exteriores, se ha decidido recurrir por las implicaciones que puede tener la sentencia sobre la política exterior española. Pese a ser consciente del alcance político que tiene contestar una decisión favorable a la familia Couso, el ministerio lo ha hecho para evitar que siente un precedente, informa Lucía Abellán. Una sentencia que obliga al Estado a prestar asistencia diplomática a cualquier ciudadano, sea en el ejercicio de una labor pública o privada, condiciona mucho la labor exterior del país y puede incluso afectar a las relaciones bilaterales con otros Estados, según este razonamiento. “Abre de una manera tan extensiva el derecho de protección consular que es inasumible para el Estado”, ha dicho este martes la ministra de Asuntos Exteriores, Arancha González Laya, que ha asegurado que se reunió con la familia hace unos días para avanzarles el recurso.

La Abogacía del Estado, que depende jerárquicamente del Ejecutivo, ya se opuso en la Audiencia Nacional a la indemnización. Los servicios jurídicos del Gobierno alegaron que en el caso de la muerte de Couso “no concurre la relación de causalidad necesaria entre el daño sufrido y la actuación del Estado español”. “La razón estribaría en que el ejercicio de la protección diplomática no constituye, según el derecho internacional, un deber del Estado sino que este goza de una amplia discrecionalidad para ejercitarla o no”, argumentó el Ejecutivo. En aquella fase del proceso, el Estado llegó a pedir, incluso, reducir a 21.315,56 euros la cuantía a abonar a los familiares si ganaban la causa.

Pero los magistrados rechazaron esa tesis e insistieron en que el asesinato de Couso se produjo en unas circunstancias que “constituyen un ilícito internacional”. “Y la Administración española estaba obligada a desenvolver la actividad necesaria para promover ante el Estado infractor la reparación del daño causado de modo ilícito, lo que no hizo ni en los momentos subsiguientes al fallecimiento ni hasta la fecha”, subrayaron los jueces en su resolución. España sí lo hizo, en cambio, en otros casos anteriores: el Ejecutivo de Felipe González reclamó a Washington que indemnizara a la familia de Juantxu Rodríguez, un fotógrafo abatido en 1989 por marines en Panamá cuando cubría para EL PAÍS la invasión de aquel país por tropas norteamericanas.

Por ello, la sentencia de la Audiencia Nacional del pasado diciembre criticó que España aceptase que EE UU se limitase a afirmar que el “ataque al hotel Palestina se encontraba justificado y que el fallecimiento de Couso fue un lamentable accidente”. Pese a que la instrucción de la Audiencia Nacional ya descartó que “los periodistas ubicados en el hotel pudieran ser confundidos con ojeadores, tiradores o grupos de tiradores del enemigo” —“el carro de combate contaba con elementos de visión con los cuales se podía apreciar con total claridad a las personas que se encontraban en ventanas y balcones del hotel y los objetos que portaban”—. Además, el ejército norteamericano sabía que en ese edificio pernoctaban los reporteros.

“Confiemos en que el Gobierno, a través de la Abogacía del Estado, tenga la decencia de no formalizar el recurso anunciado. Está a tiempo rectificar”, ha denunciado el colectivo de abogados Red Jurídica, que representa a la familia en su batalla legal, tras conocer la decisión del Ejecutivo de Sánchez (PSOE). “¿Gobierno del ‘cambio’? ¡Ja! Igual de genuflexos ante EE UU que el PP”, ha escrito también en Twitter uno de los hermanos del cámara de televisión asesinado.

Los Couso lograron esta victoria en la jurisdicción contencioso-administrativa después de que el Gobierno de Mariano Rajoy (PP) cerrara la puerta a la vía penal al recortar la justicia universal. Una reforma de los conservadores, avalada después por el Tribunal Constitucional, que obligó a la Audiencia Nacional a archivar la causa aunque veía la posible existencia de un delito. Este proceso se encuentra ahora a la espera de que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) se pronuncie sobre el recurso que ha presentado la familia del reportero.

Un informe de Freedom House denuncia que la libertad de los medios de comunicación se ha deteriorado en todo el mundo durante la última década

infoLibre.es  – 06/06/2019

Un informe de Freedom House denuncia que la libertad de los medios de comunicación se ha deteriorado en todo el mundo durante la última década

«Si bien las amenazas a la libertad de los medios de comunicación globales son reales y preocupantes por sí mismas, su impacto en el estado de la democracia es lo que las hace verdaderamente peligrosas», apunta la autora del informe, Sarah Repucci. Algunos de los países señalados son: Hungría, Serbia, Austria, Israel, India y Estados Unidos.

La libertad de los medios de comunicación se ha deteriorado en todo el mundo durante la última década, según denuncia la organización no gubernamental Freedom House en su último informe titulado ‘Libertad y Medios de Comunicación 2019: Una espiral descendente‘.

La autora del estudio, la directora de Investigación y Análisis de Freedom House, Sarah Repucci, alerta de que «en algunas de las democracias más influyentes del mundo, los líderes populistas han supervisado los intentos concertados de estrangular la independencia del sector de los medios de comunicación», según informa Europa Press.

«Si bien las amenazas a la libertad de los medios de comunicación globales son reales y preocupantes por sí mismas, su impacto en el estado de la democracia es lo que las hace verdaderamente peligrosas», apunta la investigadora, que, sin embargo, defiende que «la experiencia ha demostrado que la libertad de prensa puede recuperarse incluso de largos períodos de represión cuando se le da la oportunidad».

En este sentido, Repucci explica que el derecho fundamental a buscar y difundir información a través de una prensa independiente está siendo atacado y que parte del asalto proviene de una fuente inesperada. «Los líderes electos en muchas democracias, que deberían ser los defensores más firmes de la libertad de prensa, han hecho intentos explícitos de silenciar las voces críticas de los medios y fortalecer los medios que brindan una cobertura favorable», sostiene.

Para la autora del estudio, esta tendencia está vinculada a «una disminución global de la democracia en sí misma». «La tendencia es más aguda en Europa, anteriormente un bastión de libertades bien establecidas. Y en Eurasia y Medio Oriente, donde se concentran muchas de las peores dictaduras del mundo», subraya.

En relación con los ataques a la libertad de prensa en las democracias, detalla que los métodos para estrangular la independencia de los medios incluyen cambios de propiedad respaldados por el Gobierno, presión regulatoria y financiera y denuncias públicas a periodistas honestos. «El objetivo es hacer que la prensa sirva a los que están en el poder y no al público», alerta.

Según la investigadora de Freedom House, «el problema surgió junto con el populismo de derecha, que ha socavado las libertades básicas en muchos países democráticos». Entre los países analizados, el 19% ha sufrido una reducción en los niveles de libertad de prensa en los últimos cinco años. Repucci apunta como ejemplos a: Hungría, Serbia, Austria, Israel, India y Estados Unidos.

Asimismo, la autora del informe destaca que países que ya fueron señalados como ‘No Libres’ para la prensa, han caído en puntuación y añade que el 28% de estos también ha perdido puntuación en materia de libertades de los medios.

Respecto a los gobiernos autocráticos, según alerta en el informe Sarah Repucci, continúan «apretando los tornillos» a las voces disidentes. En este punto, la investigadora señala a países como Rusia, Camerún o Myanmar.

Violencia y hostigamiento

Por otro lado, asegura que también se han detectado violencia y hostigamiento contra periodistas y medios de comunicación, como, por ejemplo, el asesinato de Jamal Khashoggi en 2018 o las amenazas de muerte a periodistas en El Salvador en 2015, después de descubrir casos de abusos policiales y asesinatos extrajudiciales.

De este modo, detalla que las tendencias en la libertad de prensa difieren según la región. Desde 2014, no ha habido un cambio neto en el porcentaje promedio de libertad de prensa para América o Asia-Pacífico, y el África subsahariana ha experimentado un ligero aumento del 3%. Sin embargo, las dos regiones menos libres del mundo -Eurasia y Medio Oriente y Norte de África (MENA)-, disminuyeron un 9% y un 11%, respectivamente, mientras que la libertad de prensa en Europa cayó un 8%.

En este contexto, se hacen una serie de recomendaciones para los políticos de los Estados democráticos a fin de garantizar la sostenibilidad de los medios independientes en todo el mundo. Así, les aconseja que se aseguren de que sus acciones no justifican ni inspiran violaciones de la libertad de prensa y que tomen «medidas firmes e inmediatas contra cualquier violación de la libertad de los medios de comunicación a nivel mundial a través de comunicados de prensa, llamadas telefónicas, reuniones, cartas y la imposición de sanciones dirigidas a los perpetradores».

También les insta a defender públicamente el valor de una prensa libre y apoyar la educación cívica, que informará a la próxima generación; a asegurar que la política exterior priorice el apoyo a los principios democráticos, incluida la libertad de los medios de comunicación, como la base de la seguridad nacional y la prosperidad económica; y a apoyar a las redes sociales como una salida alternativa para la libre expresión en entornos represivos.

Reporteras en Guardia pide a López Obrador reconocer a periodistas indígenas asesinados

Camila Sánchez Bolaño – Newsweek México – 28/05/2019

Reporteras en Guardia pide a AMLO reconocer a periodistas indígenas asesinados
Reporteras en Guardia arrancó esta mañana con la segunda etapa de su portal mataranadie.com, lo hicieron con el perfil de Samir Flores, fundador de la radio comunitaria Amiltzinko en Morelos. Partiendo de la alarmante cifra de 13 asesinatos a periodistas en lo que va del 2019, y comparándola a los nueve homicidios de este tipo que hubo en el primer semestre de 2018, las integrantes del colectivo Reporteras en Guardia exigen al gobierno que sume a esta cifra los crímenes de comunicadores indígenas. 

Cinco de las 13 víctimas eran comunicadores indígenas, pero cuatro no han sido reconocidas como periodistas por el gobierno de la 4T, lo que representa una violación a la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas vigente desde 2012″, revelaron Reporteras en Guardia en una conferencia de prensa esta mañana.

Los casos que piden reconocer son el de Samir Flores, fundador y locutor de radio en Morelos; José Lucia Bartolo y Modesto Verales, colaboradores de radio en Guerrero y Gustavo Cruz, integrante de la comisión de comunicación del Consejo Indígena en Oaxaca. Todos eran miembros del Congreso Nacional Indígena (CNI).

Reporteras en Guardia está conformado por periodistas de 24 estados y de la Ciudad de México y exigen al gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador se presenten avances en estos cuatro casos, en especial el de Samir Flores, pues han pasado ya tres meses de su asesinato y no hay aún ningún detenido. Hasta el día de hoy, Reporteras en Guardia ha publicado los perfiles de 45 periodistas y sumarán 20 más en las siguientes semanas, con el fin de contribuir a la exigencia de justicia.

Puedes consultar aquí la plataforma de Reporteras en Guardia: https://mataranadie.com

La FAPE sienta las bases de colaboración con la Delegación del Gobierno para la Violencia de Género

FAPE – 21 DE MARZO DE 2019.

La FAPE sienta las bases de colaboración con la Delegación del Gobierno para la Violencia de Género

La Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE) se ha reunido con la delegada del Gobierno para la Violencia de Género, Pilar Llop Cuenca, para sentar las bases de colaboración entre ambas entidades en distintas materias y, en especial, en formación.

Por parte de la FAPE participaron en la entrevista su presidente, Nemesio Rodríguez; la vocal de su Junta, Mar Corral y la directiva del Consejo de Género de la Federación Internacional de Periodistas (FIP), María Ángeles Samperio.

Por parte del Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes e Igualdad estuvo también presente la jefa de prensa, Virginia Sánchez.

La FAPE trasladó a Llop la voluntad de colaborar en todo tipo de acciones que contribuyan a erradicar la lacra social que supone la violencia de género y, en especial, a incrementar esfuerzos para que los periodistas se formen adecuadamente a la hora de abordar este problema.

En el transcurso del encuentro se trató de la posibilidad de emprender proyectos conjuntos de formación no solo para los profesionales de los medios de comunicación, sino también para los estudiantes de Periodismo y de otros niveles educativos.

Poder contar con especialistas en la materia que puedan transmitir sus conocimientos y experiencias y ayudar a los más jóvenes a entender la importancia de una sociedad igualitaria, fue una de las cuestiones que se consideraron primordiales.

A este respecto, la FAPE informó a Llop sobre la propuesta que ha hecho al Ministerio de Educación para que se implante en la ESO una asignatura de periodismo/comunicación como forma de contribuir a la alfabetización digital, más necesaria que nunca a la vista de los bulos, infundios, mentiras y acosos, sobre todo a las mujeres, que circulan por las redes.

Como organización que representa al mayor número de periodistas en el conjunto del Estado español, la FAPE está en las mejores condiciones para colaborar en la lucha contra la violencia de género y la defensa de la igualdad entre hombres y mujeres que deberían ser irrenunciables para la sociedad española.

En el Día Internacional de la Mujer, celebrado el pasado 8 de marzo, la FAPE difundió una declaración en la que respaldó las iniciativas de las periodistas en su campaña por la igualdad de oportunidades en los medios, la lucha contra el acoso en el entorno laboral y a través de las redes sociales como consecuencia de su labor profesional, y contra la difusión por los medios de una imagen estereotipada de la mujer y de su papel en la sociedad, fruto de una mirada parcial y sesgada.

La FAPE insta al Gobierno y a las autonomías a que resuelvan el problema de los docentes de Literatura y Lenguas

FAPE,  MADRID, 24 DE SEPTIEMBRE DE 2018

La FAPE insta al Gobierno y a las autonomías a que resuelvan de forma definitiva el problema de los docentes de Literatura y Lenguas
La FAPE insta al Gobierno y a las autonomías a que resuelvan el problema de los docentes de Literatura y Lenguas

Ante la próxima celebración de la Conferencia Sectorial con la presencia del equipo de Educación del nuevo Gobierno socialista.

La Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE) insta al Gobierno de Pedro Sánchez y a los ejecutivos autonómicos a que aprovechen la Conferencia Sectorial, prevista esta semana, para resolver de forma definitiva el problema de los periodistas docentes de Literatura y Lenguas, habilitándoles para impartir dichas materias.

La FAPE, que forma parte de la Plataforma de Profesores Periodistas Docentes de estas materias, ha denunciado en varias ocasiones el decreto (de 2010 y modificado parcialmente en 2015) que excluyó a los profesionales de la información de dichas enseñanzas con el peregrino e injustificado argumento de que el periodismo había pasado a ser considerada una carrera de Ciencias Sociales y Jurídicas en lugar de Humanidades.

Esta normativa produjo de hecho el envío al paro de centenares de periodistas que habían estado impartiendo dichas materias sin problema alguno, ya que previamente habían cursado el máster de Formación del Profesorado.

La FAPE ha mantenido encuentros con los principales grupos del Congreso de los Diputados, así como de parlamentos autonómicos, que han mostrado su interés por buscar una rápida solución a este problema que ha llevado al paro a centenares de periodistas, pese a contar con la formación específica.

De hecho, ya hay iniciativas parlamentarias en marcha, aunque considera conveniente que sea la próxima Conferencia  Sectorial de Educación la que adopte una posición sobre la modificación del decreto vigente.

Desde la FAPE y la Plataforma se considera necesario que la Conferencia acuerde incluir los siguientes criterios para la habilitación definitiva de los licenciados o graduados en Periodismo y Comunicación Audiovisual (más adelante en la rama de Comunicación) como profesores de ESO y Bachillerato en las especialidades de Lengua Castellana y Literatura y Lenguas Extranjeras:

  • Que el Máster de Formación del Profesorado (MAES/MFP) en las especialidades de Lengua Castellana y Literatura y Lenguas Extranjeras al que tuvieron acceso y admisión los licenciados o graduados en la rama de Comunicación, tenga carácter habilitante. 
  •  Que el Ministerio de Educación y Formación Profesional (MEyFP) habilite/capacite de forma definitiva, mediante la aplicación de la  Directiva 2005/36/CE, a los licenciados o graduados en la rama de Comunicación para el ejercicio de la docencia en centros docentes privados o concertados en las asignaturas de Lengua Castellana y Literatura y Lenguas Extranjeras con el respectivo certificado de idiomas, así como para poder optar a las bolsas extraordinarias de las especialidades mencionadas anteriormente. Para ello, se instará a las comunidades autónomas a que, en el ejercicio de sus competencias, modifiquen los decretos autonómicos que rigen dichas bolsas para poder dar acceso a los habilitados.
  • Que las comunidades autónomas reconozcan el tiempo de servicio de los licenciados o graduados en la rama de Comunicación que trabajaron en el periodo comprendido entre la entrada en vigor del Real Decreto 860/2010 hasta la actualización del mismo en el RD 665/2015 o a posteriori, tal y como ha ocurrido en comunidades autónomas como Andalucía, Madrid, Asturias o Cataluña.
  • Que el MEyFP aplique la Disposición Adicional Primera del Real Decreto 860/2010, vigente en el Real Decreto 665/2015 (prórroga de la actividad docente) en términos no restrictivos, habilitantes y con carácter extensivo para todos aquellos licenciados o graduados en la rama de Comunicación que, desde 2010 hasta hoy, se encuentran trabajando en centros privados o concertados en las materias anteriormente indicadas con el visto bueno de la Inspección General y las comunidades autónomas.
  • Que aquellos licenciados o graduados en la rama de Comunicación que obtuvieran el extinto Certificado de Aptitud Pedagógica (CAP) en las especialidades de Lengua Castellana y Literatura o Lenguas Extranjeras antes del curso 2009/2010, tengan el mismo tratamiento que los estudiantes del Máster de Formación del Profesorado (MFP/MAES) ofrecido por las universidades españolas.
  • Que el MEyFP informe a las comunidades autónomas, delegaciones territoriales de Educación y patronales de centros concertados y privados sobre las instrucciones del proceso de obtención de la certificación mediante la Directiva 2005/36/CE y así se unifiquen los criterios en todo el territorio español.
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