Laanguardia.com – 10 DE ABRIL DE 2019. EUROPA PRESS
La Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE) ha trasladado a los candidatos a la Presidencia del Gobierno que las Cortes Generales debatan y aprueben una ley reguladora del secreto profesional de los periodistas, «en cumplimiento del mandato constitucional».
«Esta norma debería contar con un amplio consenso, no solo entre el Gobierno y los grupos parlamentarios, sino también de los sindicatos, asociaciones profesionales y medios de comunicación», añade la federación en una carta que ha trasladado a los candidatos con las reivindicaciones de los periodistas para mejorar la situación «de una de las profesiones más castigadas por la crisis».
Regular el secreto profesional es una reclamación que la FAPE viene realizando desde la incautación por orden judicial de ordenadores portátiles y teléfonos móviles en las redacciones de Europa Press Baleares y ‘Diario de Mallorca’ para investigar el origen de unas informaciones periodísticas publicadas en relación con el ‘caso Cursach’.
«Aunque han transcurrido 40 años desde que fue aprobada y entró en vigor la Constitución Española, aún no se ha cumplido el mandato de su artículo 20.d) de aprobar una ley que regule el secreto profesional», indica la FAPE, para después agregar que «esto ha permitido que se produzcan hechos tan lamentables» como los ocurridos en Palma de Mallorca.
Por otro lado, se solicita una modificación de la Ley General de la Comunicación Audiovisual, para que en ella se cree el Consejo Estatal de Medios Audiovisuales, «independiente del Gobierno y con financiación pública suficiente, similar a los que existen en los países de la Unión Europea»; redactar un epígrafe específico para periodistas en el impuesto de Actividades Económicas (IAE), y «erradicar» la utilización de falsos autónomos.
Asimismo, la carta recoge una serie de demandas que los periodistas consideran «vitales» para mejorar la situación de la profesión, entre ellas el reconocimiento de los derechos de autor, la modificación de la ley para que las becas sean obligatoriamente remuneradas, y la adopción de garantías para la independencia de los medios públicos.
También solicita la derogación de la ‘ley mordaza’ en todas las normas que limitan la libertad de expresión, la regulación de la figura el colaborador/a y freelance, medidas para el fomento de la igualdad y contra el ciberacoso, el acceso a la formación subvencionada y la modificación del Real Decreto 860/2010 que impide ejercer como profesores en centros privados y concertados de lenguas y literatura a los periodistas que cuentan con el máster oficial habilitante.
Finalmente, pide incluir en los institutos una asignatura o formación de ‘educomunicación’ con el fin de crear ciudadanos más preparados democráticamente y críticos con los medios de comunicación; la exigencia de titulación para los puestos de empleo en Comunicación y creación de plazas en las relaciones de puestos de trabajo de las administraciones.
