RSF-ES – 26/05/2021
Reporteros Sin Fronteras (RSF) denuncia ante la Fiscalía lituana al presidente bielorruso Aleksandr Lukashenko por secuestro criminal y pide que investiguen a cualquier persona relacionada con el desvío del vuelo de Ryanair que transportaba a 126 pasajeros, entre ellos, el periodista Roman Protasevich.
n una carta enviada hoy a la fiscalía general, RSF pide que se investigue el desvío por parte de las fuerzas aéreas bielorrusas del vuelo RF4978 de Ryanair de Atenas a Vilna por instigación directa y evidente del presidente Lukashenko del “secuestro de una aeronave con intención delictiva”, tal y como se define en los artículos 251 y 252-1 del Código Penal lituano.
Tras una exposición detallada de los hechos, la carta de RSF desacredita la advertencia de “alerta de bomba” hecha por Minsk para justificar el desvío del avión, por considerarla claramente inventada. Hay muchas “razones creíbles para creer que la afirmación de la bomba fue una falsa alarma utilizada por el Gobierno bielorruso para obligar al avión a aterrizar con el objetivo de detener al periodista”, expone la denuncia.
“Hemos decidido presentar una denuncia contra el propio Aleksandr Lukashenko, porque fue el instigador directo de este acto de secuestro con fines terroristas, y el término no es excesivo”, declara el secretario general de RSF, Christophe Deloire. “El Código Penal lituano penaliza el secuestro de un avión amenazando la vida o la salud de la tripulación o de los pasajeros y define la finalidad terrorista como la intención de intimidar al público o a una parte del público. Con este acto sin precedentes, Lukashenko quiso agravar la intimidación al público, especialmente a los periodistas”.
Lo ocurrido el 23 de mayo constituye un delito según la legislación lituana. La amenaza del uso de la fuerza armada por parte de un avión militar contra un avión civil, para hacerle cambiar de rumbo con el falso pretexto de una alerta de bomba, está recogida y castigada en el artículo 251 del Código Penal: “el secuestro de una aeronave mediante un arma de fuego, un explosivo u otro medio que ponga en peligro la vida o la salud de la tripulación o los pasajeros de la aeronave”.
La denuncia demuestra que la orden del Presidente Lukashenko de enviar un MiG-29 de las fuerzas aéreas bielorrusas para interceptar el vuelo de Ryanair suponía “poner en peligro la vida o la salud de la tripulación o los pasajeros”. El documento detalla las numerosas razones que permiten concluir que la alerta de bomba no era más que una falsa alarma utilizada como pretexto para obligar al avión a aterrizar y detener al periodista Roman Protasevich.
Por último, la denuncia demuestra que el único objetivo de la detención era intimidar al público, especialmente a todos los periodistas críticos de Bielorrusia y del extranjero. “No cabe duda de que la detención de Protasevich, tras un secuestro sin precedentes de un vuelo internacional, pretende intimidar a todos los periodistas bielorrusos, dentro y fuera del país. Este suceso aspira a mostrarles que, estén donde estén, pueden ser detenidos por el régimen y encarcelados. Demuestra que el régimen no dudará en detener a cualquiera que le critique”, reza la demanda.
La confesión extraída a Protasevich y emitida ayer por la televisión bielorrusa, en la que se reconoce culpable del cargo de organizar “disturbios masivos”, confirma esta cínica estrategia.
Intento de desestabilización de la Unión Europea
“Al atacar un avión europeo que volaba entre dos capitales comunitarias, un avión registrado en un Estado miembro de la UE (Polonia), y perteneciente a una empresa con sede en otro Estado miembro de la UE (Irlanda)”, el secuestro tenía como objetivo desestabilizar a la Unión Europea. “Este ataque ha puesto a prueba a la UE, tal y como ha dejado claro la reacción del Consejo Europeo de hoy”, manifiesta RSF.
Es importante destacar que el artículo 7 del Código Penal de Lituania establece: “las personas son responsables en virtud de este código independientemente de su nacionalidad y lugar de residencia, también del lugar de comisión de un delito y de si el acto cometido está castigado por las leyes del lugar de comisión del delito, cuando cometen (…) actos de terrorismo y delitos vinculados a la actividad terrorista”.
La denuncia se dirige al presidente Lukashenko y a cualquier otra persona que los investigadores puedan identificar como responsable. RSF sostiene que la fiscalía deberá determinar si Lukashenko puede reclamar la inmunidad como jefe de Estado, teniendo en cuenta que los presuntos actos quedan fuera del ámbito de su cargo. Una reciente decisión del Tribunal Federal de Justicia de Alemania sugiere que no podría reclamar dicha inmunidad.
Bielorrusia ha descendido cinco puestos en la Clasificación Mundial de la Libertad de Prensa 2021 de RSF, y ahora ocupa el puesto 158 de 180 países.
