La amenaza del coronavirus impulsa la demanda de información fiable frente a las ‘fake news’

Un estudio revela que los ciudadanos se fijan más en qué leen y comparten cuando la pandemia se acerca a su países

Elpais.com – 26/03/2020

La amenaza del coronavirus impulsa la demanda de información fiable frente a las ‘fake news’
Un diputado consulta su móvil con unos guantes durante el pleno extraordinario para explicar la declaración del estado de alarma. Pool/Efe / GTRES

Un grupo italiano de investigadores decidió el 20 de enero recoger tuits vinculados a la Covid-19. En todas las lenguas y de todo el mundo. Llevan ya más de 120 millones de mensajes, más de cuatro millones diarios. Su objetivo es montar un observatorio para analizar la infodemia alrededor del coronavirus y ver el riesgo de información falsa que sufre cada país. En esa labor ha descubierto un patrón más interesante: cuando la amenaza del coronavirus se acercaba a un país, la difusión de enlaces a páginas poco fiables descendía. No es que desaparecieran las noticias falsas: montones de bots y humanos seguían difundiendo mensajes dudosos. Pero su alcance era mucho menor y la búsqueda de información de fuentes más consolidadas crecía.

“Mientras que montones de informaciones poco fiables circulaban mucho antes de que llegara la primera ola de la epidemia, cuando los primeros casos aparecían en los medios, la respuesta que observamos fue un aumento en la búsqueda de noticias de confianza”, dice Manlio de Domenico, físico de sistemas complejos en la Fundación Bruno Kessler (Trento, Italia) y director del centro que está detrás del observatorio. “Es como si el temor al contagio alterara el comportamiento. Esto es importante para futuras políticas públicas, porque nunca se había observado”, añade. La conclusión es que cuando la gente ve que su vida puede correr peligro, deja de retuitear cualquier cosa. De repente, todo el mundo sabe dónde está la información que tiene más probabilidades de ser seria y fiable.

La observación de Manlio de Domenico, centrada en Twitter, parece tener una réplica en otra red social. En Facebook, han visto una tendencia similar. Un informe interno, revelado por el New York Times, muestra cómo la plataforma podría predecir dónde va a llegar el virus solo por el movimiento de la población hacia información más fiable. “Hay una correlación de algún modo”, dice el informe, entre el interés en información sobre el virus y los casos confirmados en una región. “Mapas y gráficos detallados en el informe muestran la rápida difusión del virus coincidiendo con un incremento del tráfico a noticias sobre el coronavirus”, escribe el Times.

¿Pero implica también ese giro de interés hacia noticias del virus que las fuentes que se buscan sean más fiables? “Afortunadamente” lo son, escribe el científico de datos de la red social, Ranjan Subramanian, autor del informe interno de la compañía, que menciona el “incremento sin precedentes del consumo de artículos informativos en Facebook”.

Este cambio ha provocado un aumento espectacular en la audiencia de los medios tradicionales. El informe revela un método de clasificación interna de Facebook para los medios, hasta ahora desconocido: la calidad del ecosistema de noticias (NEQ, en sus siglas en inglés). Un conjunto de variables sirven para medir esa calidad, entre ellas su historial de clickbait o la confianza que le otorgan los usuarios. Medios como el Daily Mirror o el Daily Wire, con un NEQ inferior, vieron caer su audiencia desde Facebook en las semanas en las que llegaba el virus, mientras otros de mayor calidad la aumentaban.

Hay una prevención importante con Facebook. Como se ve por la cautela de Subramanian en su informe, parece que son los usuarios los que están liderando este movimiento hacia información más fiable. Pero Facebook podría también estarlo provocando con un discreto retoque de su algoritmo, ahora que no hace falta que el feed de cada usuario sea entretenido y emocionante, porque el coronavirus es suficientemente relevante por sí mismo. Facebook puede enseñarle lo que quiera a su audiencia: uno de los últimos anuncios de la red fue premiar mensajes de amigos y familiares por encima de medios. Pero eso ha podido cambiar sin que nadie se haya enterado. Y estas novedades podrían ser parte del esfuerzo de la red social por mejorar su imagen con el coronavirus.

Cuando la gente ve que su vida puede correr peligro, dejan de retuitear cualquier cosa

Este salto de audiencia a los medios más serios lo han visto también en NewsWhip, plataforma que analiza el tráfico a medios desde redes y de la que EL PAÍS es cliente. En marzo detectaron un nivel de interacciones “sin precedentes” en inglés, conforme el virus crecía en el Reino Unido y, sobre todo, Estados Unidos. La web con más interacciones del mes, la cadena NBC, llevaba 67 millones en marzo. “Para comparar, eso es más de tres millones al día, que es más de lo que la mayoría de publicaciones recibe para todo su contenido durante todo un mes”, explican.

“Lo que sabemos es que la gente está compartiendo e interactuando más con medios de calidad durante la crisis del coronavirus, por oposición a otros de menos calidad”, asegura el director editorial y de investigación de NewsWhip, Benedict Nicholson.

Un detalle importante sobre el hallazgo del equipo liderado por De Domenico es que no necesariamente bajó la cantidad de enlaces a sitios de poca confianza, sino que bajó la cifra de usuarios expuestos a esos links. “Sea como sea, es muy plausible”, dice. “Claramente requiere de más estudios, pero estamos convencidos de que hemos identificado un fenómeno social importante”. La distinción de las fuentes de los enlaces procede de un conjunto de medios clasificados por otros investigadores en varias lenguas, sobre todo en inglés. De un total de unos 4.000 sitios clasificados, más de la mitad son no fiables.

Queda una última pregunta. Ahora nos rodea una pandemia que puede matar a cualquier lector. Pero cuando esto pase y hablemos de política, por ejemplo, está claro que los incentivos para buscar o compartir lo que a uno le apetezca van a ser los mismos que antes de esta amenaza. ¿Es este fenómeno algo que funcionará igual cuando no sea una cuestión de vida o muerte? De Domenico no sabe si el experimento es extrapolable. “Para la Covid-19 el foco era global y no se trata de un conflicto entre grupos o facciones”, explica.

Coronavirus: Naciones Unidas pide promover y proteger información veraz

prnoticias.com – 21/03/2020

Coronavirus: Naciones Unidas pide promover y proteger información veraz
ONU/Archivo: portada de un diario indicando que el coronavirus había llegado a Europa hace unas semanas

Naciones Unidas ha hecho público un informe elaborado por un grupo de expertos internacionales en derechos humanos, en el que se insta a los Gobiernos a promover y proteger el acceso y el flujo libre de información veraz durante la pandemia del coronavirus. Las noticias falsas pueden causar caos y problemas de salud, han advertido varias organizaciones internacionales que defienden los derechos humanos.

Las entidades piden que se proteja, además, la libertad de los periodistas, así como la privacidad de los datos de los pacientes hospitalizados por el Covid-19.

«El derecho a la vida fundamental y no derogable está en juego, y los Gobiernos están obligados a garantizar su protección. La salud humana depende no solo de una atención médica fácilmente accesible. También depende del acceso a información precisa sobre la naturaleza de las amenazas y los medios para protegerse a uno mismo, a su familia y a su comunidad», afirman los expertos.

El derecho a la libertad de expresión, que incluye el derecho a buscar, recibir e impartir información e ideas de todo tipo, independientemente de las fronteras, a través de cualquier medio, se aplica a todos, en todas partes, y solo puede estar sujeto a restricciones limitadas, recuerda Naciones Unidas.

Información accesible

Según los defensores de los derechos humanos de la ONU y otras organizaciones, los países están obligados a proporcionar información confiable en formatos accesibles para todos, especialmente para aquellos con acceso limitado a internet o con alguna discapacidad.

Señalan que «el acceso a internet es crítico en tiempos de crisis. Es esencial que los Gobiernos se abstengan de bloquear el acceso a internet. En aquellas situaciones en las que la red ha sido clausurada, los Gobiernos deberían, con carácter prioritario, garantizar el acceso inmediato al servicio más rápido y amplio posible».

Especialmente, añaden, en un momento de emergencia, cuando el acceso a la información es de importancia crítica, las restricciones amplias sobre el acceso a internet no pueden justificarse por orden público o por razones de seguridad nacional, explicaron los expertos.

Proteger a los periodistas

Agregan que, además, los Gobiernos deben hacer esfuerzos excepcionales para proteger el trabajo de los periodistas.

«El periodismo cumple una función crucial en un momento de emergencia de salud pública, particularmente cuando su objetivo es informar al público sobre cuestiones críticas y supervisar las acciones gubernamentales. Instamos a todos los Gobiernos a implementar de manera sólida sus leyes de libertad de información para garantizar que todas las personas, especialmente los periodistas, tengan acceso a la información», se lee en el comunicado.

Disipar la información falsa

Los expertos expresan su preocupación porque la información falsa sobre la pandemia pueda generar problemas de salud, pánico y desorden, y piden a los Gobiernos y empresas de internet que aborden esta desinformación.

«Eso puede venir en forma de mensajes públicos robustos, soporte para anuncios de servicio público y soporte de emergencia para la difusión pública y el periodismo local (por ejemplo, a través de anuncios de salud del gobierno)», afirman.

De acuerdo con las organizaciones, entre las que se encuentra la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), recurrir a otras medidas, como la eliminación de contenido y la censura, puede limitar el acceso a información importante para la salud pública y solo debe llevarse a cabo cuando cumplan con los estándares de necesidad y proporcionalidad.

Y concluyen que cualquier intento de criminalizar la información relacionada con la pandemia puede generar desconfianza en la información institucional, retrasar el acceso a información confiable y tener un efecto negativo en la libertad de expresión.

La crisis del coronavirus salpica a la prensa: subida de lectores y desplome de la publicidad

prnoticias.com – 17/03/2020

La crisis del coronavirus salpica a la prensa: subida de lectores y desplome de la publicidad

La prensa ya vivía un estado de crisis antes de que el coronavirus se instalase en España dejando el país prácticamente paralizado. Desde que el Covid 19 saltase a primera plana los lectores de los diarios, digitales y en papel se han disparado con motivo de la actualidad informativa.

No obstante, las pérdidas económicas que van a sufrir los diarios van a ser cuantiosas. El aumento de lectores y usuarios únicos no se traduce en estos días en un aumento de la publicidad. Todo lo contrario. Así lo asegura Ana del Barrio, una de las periodistas del diario El Mundo que advierte que aunque el número de lectores alcanza cuotas históricas, el desplome de la publicidad es una realidad.

Una de las soluciones pasa por el aumento de las suscripciones al muro de pago de los diarios. Sin embargo, son medidas que contrastan con las iniciativas que algunos grupos editoriales como Hearst o Condé Nast, o el propio diario El País han ejecutado en las últimas horas para incentivar sus lectores y colaborar con el confinamiento que los españoles estamos obligados a obedecer durante, al menos, 15 días.

En el caso de El País ha optado por desactivar su muro de pago pocos días después de ponerlo en funcionamiento. Tal y como su directora aseguraba, vivimos un momento en el que la actualidad informativa y la colaboración ciudadana prima sobre cualquier incentivo económico.

Argumento que se mantiene en la misma línea de editoras como Hearst o Condé Nast que han abierto al público todas sus publicaciones –en el caso de Condé Nast también adelantó la publicación de sus ediciones- para convertirse en un servicio público.

La FAPE solicita al Gobierno ayudas para periodistas y fotorreporteros autónomos

FAPE – 13/03/2020

La FAPE solicita al Gobierno ayudas para periodistas y fotorreporteros autónomos

La Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE) solicita al Gobierno que apruebe ayudas urgentes para todos los periodistas y fotorreporteros autónomos, debido a la precaria situación en la que se encuentran por la suspensión de una serie de acontecimientos informativos de todo tipo cuya cobertura suponía una parte fundamental de su remuneración.

Centenares de periodistas y fotorreporteros acogidos al régimen de trabajadores autónomos se han quedado sin trabajo a causa de la suspensión por el coronavirus de acontecimientos políticos, sociales, culturales y deportivos en toda España.

La durísima crisis que padecieron los medios de comunicación durante la recesión de 2008 a 2018 no solo originó la pérdida de más de 13.000 empleos, sino que forzó la conversión de centenares de periodistas y fotorreporteros en trabajadores autónomos, colectivo que, a consecuencia del coronavirus, entra en una fase de máxima precariedad laboral y salarial.

Una de las medidas de urgencia que solicitamos al Gobierno es que, ante la pérdida de los empleos, estudie una forma de compensación en el pago de la cuota fija mensual, a fin de que queden garantizados tanto sus necesidades básicas como sus derechos como trabajadores.

En otro orden de cosas, la FAPE pide a las instituciones, partidos políticos y otro tipo de organizaciones que, cuando sea imprescindible convocar una rueda de prensa, se recurra a medios telemáticos para desarrollarla.

A la FAPE  han llegado quejas de periodistas que han sido convocados a ruedas de prensa para informar de la suspensión de actos de escasa trascendencia a causa del coronavirus.

Por otra parta, la FAPE llama nuevamente a la rigurosidad en las informaciones y a contrastarlas con fuentes fiables en un tema tan delicado socialmente como es la epidemia del coronavirus. El seguimiento en todo momento de las recomendaciones de las autoridades se hace más imprescindible que nunca ante la proliferación de noticias falsas, bulos y rumores que se propagan por las redes sociales, con un efecto perjudicial porque contagian la sensación de miedo y de pánico.

Como señala la Organización Mundial de la Salud, debemos ser responsables, informar con prudencia y sin caer en el sensacionalismo. No promover el pánico. Combatir la desinformación. Ser rigurosos. Y no caer en las explicaciones simples que reducen esta grave epidemia a «otra gripe más», porque tampoco lo es.

La FAPE reitera su convencimiento de que aquellos medios que informen con veracidad, verifiquen y contrasten las noticias y respeten las normas deontológicas, reforzarán en esa crisis su prestigio y credibilidad, en contraposición a aquellos que apuesten por el sensacionalismo y el amarillismo.

Fernando Garea regresa a El Confidencial como Director Adjunto

infoperiodistas.info – 12/03/2020

Fernando Garea regresa a El Confidencial como Director Adjunto
Parte de la redacción de eldiario.es

El periodista Fernando Garea ha regresado al Confidencial, digital donde ya recaló en septiembre de 2017 con el mismo cargo. El pasado mes de febrero, el Gobierno cesó a Garea de la Agencia EFE y eligió a Gabriela Cañas como nueva presidenta. Fernando Garea fue nombrado máximo dirigente de la agencia pública de noticias en julio de 2018.

Fernando Garea es licenciado en periodismo por la Universidad Complutense de Madrid y ha desarrollado gran parte de su carrera como cronista parlamentario. Comenzó su actividad profesional en el desaparecido ‘Diario 16’ y formó parte del equipo fundador de ‘El Mundo’ y ‘Público’, además de ejercer de tertuliano en cadenas como Antena 3, Telecinco y CNN.

Garea, se incorporó a El País en abril de 2008. Durante nueve años ejerció en el diario de Prisa en el área de la política parlamentaria.

Carta de Ignacio Escolar a los periodistas de eldiario.es sobre el coronavirus

eldiario.es – 10/03/2020

Carta a los periodistas de eldiario.es sobre el coronavirus
Parte de la redacción de eldiario.es

Hace unas horas, el Periodista Ignacio Escolar, director de eldiario.es ha enviado esta carta a todos los trabajadores de eldiario.es, y la compartimos. Debemos ser responsables: informar con prudencia y sin caer en el sensacionalismo. No promover el pánico. Combatir la desinformación. Ser rigurosos. Y no caer en las explicaciones simples que reducen esta grave epidemia a «otra gripe más», porque tampoco lo es.

Hola compañeros. A partir de este miércoles 11 de marzo, vamos a recurrir al teletrabajo en la redacción de Madrid de eldiario.es como consecuencia de la crisis del coronavirus. La oficina seguirá abierta para aquellas pocas personas que, puntualmente, necesiten trabajar desde aquí –si el 90% nos vamos, dejará de ser un lugar de contagio potencial–. Pero como norma y recomendación general, la gran mayoría de los trabajadores de eldiario.es vamos a dejar la redacción central y teletrabajar.

Hemos tomado esta decisión, que ya he hablado con el comité de empresa, por varios motivos. El fundamental, la prevención ante la difusión de este virus en Madrid. Es un riesgo tal vez menor –no somos población de riesgo y tampoco hemos tenido un positivo cerca–, pero sin duda es un riesgo innecesario. Y a diferencia de otros empleos, donde por desgracia el teletrabajo es imposible, en el nuestro lo podemos afrontar. También lo hacemos así porque creo que es probable que la situación empeore, y prefiero que demos ese paso cuanto antes, para así poder corregir con algo más de margen los problemas que nos vamos a encontrar.

Teletrabajar, en nuestro caso, no significa encerrarse en casa sin salir. No se puede informar de todo lo que está pasando en pijama frente al ordenador. Tenemos que estar donde están las noticias, como hacemos siempre. Pero sí podemos al menos evitar la alta concentración de personas que ahora supone la redacción.

No sé durante cuánto tiempo vamos a mantener esta situación excepcional. Dependerá de cómo evolucione la epidemia. Por mirar el lado bueno, sin duda esta experiencia nos ayudará para cuando se normalice la situación, y podamos aplicar este aprendizaje en nuestro día a día, para mejorar con el teletrabajo la conciliación de la vida profesional y la personal.

No me preocupa el teletrabajo. Ya somos una redacción acostumbrada a organizarnos en red. Sí me inquietan las consecuencias del coronavirus para toda la sociedad, y también para nuestra redacción.

Tenemos por delante una etapa crítica en los ocho años de historia de eldiario.es. Primero, por nuestra responsabilidad informativa. No tenemos precedentes de un suceso como este. Ninguno de nosotros, ni siquiera nuestros periodistas más veteranos, hemos vivido una noticia que haya tenido un impacto tan profundo y tan directo en la vida de todos nuestros lectores. Debemos ser responsables: informar con prudencia y sin caer en el sensacionalismo. No promover el pánico. Combatir la desinformación. Ser rigurosos. Y no caer en las explicaciones simples que reducen esta grave epidemia a «otra gripe más», porque tampoco lo es.

También me preocupan las consecuencias económicas de esta crisis para eldiario.es. Buena parte de nuestros ingresos dependen de la publicidad, que probablemente va a reducirse, al menos en los próximos meses. Aún es pronto para medir esa pérdida, que dependerá del impacto general en la economía, pero lo vamos a notar.

A diferencia de otros medios, eldiario.es tiene un salvavidas que nos permite compensar la probable caída de la publicidad: el respaldo de más de 36.000 socios y socias (nuevo récord de ayer). Pero viene una etapa complicada para todos los medios de comunicación, también para eldiario.es. Vamos a revisar cada gasto y reducir los que no sean imprescindibles. El presupuesto que teníamos para este año no creo que nos sirva ya.

Sé que el teletrabajo no va a ser una solución para muchos de nosotros. Especialmente para aquellos con hijos e hijas: desde sus casas, a cargo de los niños, no van a poder rendir igual. También notaremos los problemas de descoordinación que el teletrabajo nos va a ocasionar. Os pido por ello que hagamos un esfuerzo colectivo, que seamos solidarios con los compañeros que tienen más problemas para trabajar por el cierre de los colegios, que empujemos entre todos para dar a nuestros socios y socias la información que se merecen. Del coronavirus, pero no solo del coronavirus. Porque no es la única noticia que tenemos que contar.

Como expliqué hace unos días a todos nuestros lectores, el periodismo no es un negocio más y eldiario.es no es tampoco un periódico más. Cumplimos con un servicio público: el derecho constitucional a la información.

En los próximos meses, esa misión fundacional de esta redacción va a ser más necesaria que nunca. Tenemos que estar a la altura de lo que nuestros socios y socias esperan de eldiario.es.

Gracias por vuestro compromiso,

Nacho

Muere el periodista Javier García Mateo: del equipo de Jesús Hermida a 40 años de radio

elconfidencial.com – 11/03/2020

Muere el periodista Javier García Mateo: del equipo de Jesús Hermida a 40 años de radio

El mundo de la comunicación se despide de Javier García Mateo, periodista de radio y televisión que ha fallecido este martes en el hospital universitario HM Sanchinarro de Madrid. Tal y como han indicado varios medios, García Mateo había sido diagnosticado en septiembre de una enfermedad grave que, finalmente, no ha superado. Tras iniciar su carrera en el audiovisual, el periodista se dio a conocer al formar parte del equipo de Jesús Hermida en TVE, periodo en el que era conocido como uno de los ‘chicos Hermida’.

n la radio relevó a Luis del Olmo en Onda Cero y llegó a dirigir Radio Intereconomía, amén de los muchos programas radiofónicos que ha ido presentando a lo largo de su carrera: entre ellos, un formato con diez horas de emisión ininterrumpida sábados y domingos, ‘Todo de todo’. Vinculado siempre a los medios, también fue pareja sentimental de la presentadora y colaboradora de televisión Terelu Campos. Muchos profesionales, tanto de la radio como de la televisión, han querido homenajear al periodista y despedirse de él en las redes sociales.

«Acaba de morir el gran periodista Javier García Mateo. Empezó con Hermida, dirigió emisoras y le enamoró la radio. Magnífica persona y gran periodista con una voz inimitable. La profesión está de luto hoy. DEP», escribe el periodista de ‘Espejo Público’ Albert Castillón en Twitter. También han querido despedirse algunos de sus exalumnos o profesionales que aprendieron de él, como Toni Marín, que recuerda cómo, con solo 19 años, García Mateo le enseñó «cómo poner en marcha la móvil de Antena 3 de Radio» y le explicó «todos los secretos del helicóptero de ‘El primero de la mañana'».

Los periódicos españoles siguen en manos de los hombres: sólo el 24% están dirigidos por mujeres

prnoticias.com – 6/03/2020

Los periódicos españoles siguen en manos de los hombres: sólo el 24% están dirigidos por mujeres

La desigualdad laboral entre hombres y mujeres sigue siendo un problema que lastra la sociedad. El periodismo no es ajeno a esto y prueba de ello es la escasez de mujeres que dirigen las principales cabeceras de nuestro país. Sólo el 24,1% de ellas son mujeres, siendo un porcentaje casi cuatro puntos menor que el año pasado.

De los 29 diarios principales de nuestro país –tanto en papel como en digital- únicamente siete están dirigidos por mujeres. Además, de los seis periódicos con más tirada, según la OJD, sólo de ellos tienen como directora a una mujer. Es el caso Soledad Gallego Díaz, al frente de El País y de Anna Cristeto y El Periódico

  • El País – Soledad Gallego Díaz
  • La Vanguardia – Jordi Juan
  • El Mundo – Francisco Rosell
  • ABC – Bieito Rubido
  • El Periódico – Anna Cristeto (nueva)
  • La Razón – Francisco Marhuenda
  • 20 Minutos – Encarna Samitier
  • La Voz de Galicia – Xosé Luís Vilela Conde
  • La Nueva España – Gonzalo Martínez Peon
  • El Faro de Vigo – Rogelio Garrido
  • El Confidencial – Nacho Cardero
  • OkDiario – Eduardo Inda
  • El Español – Pedro J. Ramírez
  • El Independiente – Casimiro García Abadillo
  • Eldiario.es – Ignacio Escolar
  • El Correo – José Miguel Santamaría
  • HuffingtonPost – Guillermo Rodríguez
  • Infolibre – Jesús Maraña
  • Público -Virginia P. Alonso (nueva: sustituye a otra mujer)
  • Cinco Días – Miguel Jiménez
  • Expansión – Ana I. Pereda
  • El Economista – Amador G. Ayora
  • Vozpópuli – Igor Marin
  • La Información – Daniel Toledo Quer
  • Infolibre – Jesús Maraña
  • El Plural – Angélica Rubio
  • Cuarto Poder – Sato Díaz (el año pasado era una mujer)
  • Lamarea.com Magda Bandera
  • Contexto y acción – Miguel Mora

Prensa deportiva

  • Marca – Juan Ignacio Gallardo
  • AS – Vicente Jiménez
  • Mundo Deportivo – Santi Nolla 
  • Sport – Ernest Folch

La discriminación entre hombres y mujeres en el mundo del periodismo y la comunicación es algo que también ha recogido y estudiado la APM. En su último informe anual la Asociación de la Prensa de Madrid apuntaba a que el 31% de las mujeres del sector aseguran que el hecho de ser mujer es perjudicial a la hora de optar a un puesto de trabajo. Un dato que va ligado a que el 64% de los encuestados afirman que los hombres tienen prioridad a la hora de asignar las responsabilidades en el seno de las empresas informativas y en los departamentos de comunicación. 

La prensa deportiva, el ejemplo más claro

Si la proporcionalidad entre hombres y mujeres directoras en la prensa es claramente desigual, los datos son especialmente alarmantes en lo que a prensa deportiva se refiere. Y es que ninguna mujer está al frente de los cuatro diarios deportivos más leídos en nuestro país. Juan Ignacio Gallardo, Vicente Jiménez, Santi Nolla y Ernest Folch, son los directores de Marca, AS, Mundo Deportivo y Sport respectivamente.

La realidad es que a pesar de los esfuerzos por concienciar y el fomento de discursos y medidas que acaben con los techos de cristal en el periodismo, los puestos de dirección en manos de mujeres siguen siendo uno de los retos que la profesión tiene pendientes.

AGP-UGT reivindica acabar con la brecha salarial en los medios de comunicación

lanzadigital.com – 4/03/2020

AGP-UGT reivindica acabar con la brecha salarial en los medios de comunicación

Las mujeres ganan un 16,08% menos que los hombres de salario medio anual en el sector de los medios de comunicación, según los datos publicados en la última encuesta anual de estructura salarial del INE

La Agrupación de Periodistas de UGT (AGP-UGT) reclama que haya una “igualdad salarial real entre hombres y mujeres en el sector de los medios de comunicación”. Los últimos datos publicados por la Encuesta Anual de Estructura Salarial del INE, correspondientes a 2017, sitúan la brecha salarial en el 16,08% en esta rama de actividad económica. Esto significa que las mujeres de este sector tienen un salario medio anual de 30.015,53 euros, mientras que los hombres obtienen 35.768,78 euros.

Para acabar con esta discriminación, desde la UGT están impulsando una Ley de Igualdad Salarial, que tendría que ser negociada y acordada con los agentes sociales, que incluya, entre otras medidas, la creación de comités de brecha salarial de género-a imagen de los comités de seguridad e higiene en el trabajo-; que permita la equiparación de los mismos derechos del trabajo a tiempo completo para el trabajo a tiempo parcial; que incentive acciones dirigidas a la promoción de las mujeres en todos los sectores de actividad y que tenga un desarrollo normativo exhaustivo de las auditorías salariales.

Menos ocupación femenina

El Gabinete Técnico de la Federación de Servicios, Movilidad y Consumo de UGT (FeSMC-UGT), organismo del sindicato donde se encuentran ubicados las trabajadoras y los trabajadores de los medios de comunicación, ha elaborado un informe –a partir de la Encuesta de Población Activa, del segundo trimestre del 2019- que muestra que en el sector de medios de comunicación (radio, televisión, prensa y agencias de noticias) se encuentran ocupadas 93.281 personas, de las que un 58% son hombres, frente a un 42% de mujeres.

Este porcentaje de trabajadoras está por debajo de la media del conjunto de los sectores de actividad, un 46 %, si bien en algunos subsectores el porcentaje es mayor, como en el caso de las agencias de noticias, donde las profesionales representan el 64% de la ocupación. Sin embargo, en otros, como en televisión, el porcentaje de mujeres ocupadas apenas llega al35 %.

La jornada a tiempo parcial adquiere una mayor magnitud en el caso de las trabajadoras, alcanzando el 20 % del empleo femenino, frente a un 12 % en el caso de los hombres. En prensa, dicha divergencia es aún mayor: un 24 % de las trabajadoras tiene un contrato a tiempo parcial, frente a tan solo un 10 % de los trabajadores. La jornada a tiempo parcial penaliza doblemente a las mujeres, durante su vida activa por los bajos ingresos, y después de la jubilación, por los requisitos exigidos para percibir una pensión.

Problemas con la corresponsabilidad

Las responsabilidades familiares son la causa de elegir una jornada a tiempo parcial para un 39 % de las profesionales de los medios, frente a un 12% en el caso de los trabajadores, lo que pone de manifiesto que siguen siendo las trabajadoras las que tienen que conciliar su vida familiar y laboral en mayor proporción que los hombres. Esta desigualdad en el reparto de tareas tiene, como consecuencia lógica, una desigualdad en materia de retribución.

Por tanto, se hace necesario adoptar medidas a favor de la corresponsabilidad entre mujeres y hombres en los cuidados familiares a través de la negociación colectiva, así como fortalecer la oferta pública de infraestructuras y servicios relacionados con la dependencia con empleo y recursos públicos de calidad, que eviten el abandono del empleo de las mujeres para dedicarse al cuidado de personas dependientes.

El Gobierno recurre la indemnización a la familia Couso decretada por la Audiencia Nacional

elpais.com – J. J. Gálvez – 3/03/2020

El Gobierno recurre la indemnización a la familia Couso decretada por la Audiencia Nacional

El Gobierno de Pedro Sánchez ha decidido recurrir ante el Tribunal Supremo la indemnización impuesta por la Audiencia Nacional al Estado por abandonar a la familia del cámara de Telecinco José Couso, asesinado por militares estadounidenses en Irak en 2003, en su batalla legal en Estados Unidos. Según confirman fuentes jurídicas, la Abogacía del Estado ya ha comunicado que presentará alegaciones a la sentencia de la Sala de lo Contencioso-administrativo de la Audiencia, que concluyó que se debía pagar cerca de 182.000 a la esposa y descendientes del cámara de televisión por no haberles prestado ayuda diplomática. Según subrayó aquel fallo, del pasado 11 de diciembre, España “se limitó a recibir y aceptar las explicaciones ofrecidas por Estados Unidos”.

Esta decisión supone un nuevo revés a la familia del periodista asesinado en 2003 durante la guerra de Irak, cuando un carro de combate de Estados Unidos disparó un proyectil de 120 milímetros contra el hotel Palestina. Según la sentencia de la Audiencia Nacional, el Estado debe “reparar el daño causado”, ya que “no consta la realización de gestión alguna tendente, no ya al reconocimiento de la ilicitud del ataque, sino a la reparación de sus consecuencias patrimoniales de un modo razonable”. “Y ello, pese a las muy numerosas peticiones que al respecto se formularon por diversos grupos parlamentarios según consta en el expediente administrativo”, incidieron los magistrados de lo Contencioso-administrativo.

Según fuentes de Exteriores, se ha decidido recurrir por las implicaciones que puede tener la sentencia sobre la política exterior española. Pese a ser consciente del alcance político que tiene contestar una decisión favorable a la familia Couso, el ministerio lo ha hecho para evitar que siente un precedente, informa Lucía Abellán. Una sentencia que obliga al Estado a prestar asistencia diplomática a cualquier ciudadano, sea en el ejercicio de una labor pública o privada, condiciona mucho la labor exterior del país y puede incluso afectar a las relaciones bilaterales con otros Estados, según este razonamiento. “Abre de una manera tan extensiva el derecho de protección consular que es inasumible para el Estado”, ha dicho este martes la ministra de Asuntos Exteriores, Arancha González Laya, que ha asegurado que se reunió con la familia hace unos días para avanzarles el recurso.

La Abogacía del Estado, que depende jerárquicamente del Ejecutivo, ya se opuso en la Audiencia Nacional a la indemnización. Los servicios jurídicos del Gobierno alegaron que en el caso de la muerte de Couso “no concurre la relación de causalidad necesaria entre el daño sufrido y la actuación del Estado español”. “La razón estribaría en que el ejercicio de la protección diplomática no constituye, según el derecho internacional, un deber del Estado sino que este goza de una amplia discrecionalidad para ejercitarla o no”, argumentó el Ejecutivo. En aquella fase del proceso, el Estado llegó a pedir, incluso, reducir a 21.315,56 euros la cuantía a abonar a los familiares si ganaban la causa.

Pero los magistrados rechazaron esa tesis e insistieron en que el asesinato de Couso se produjo en unas circunstancias que “constituyen un ilícito internacional”. “Y la Administración española estaba obligada a desenvolver la actividad necesaria para promover ante el Estado infractor la reparación del daño causado de modo ilícito, lo que no hizo ni en los momentos subsiguientes al fallecimiento ni hasta la fecha”, subrayaron los jueces en su resolución. España sí lo hizo, en cambio, en otros casos anteriores: el Ejecutivo de Felipe González reclamó a Washington que indemnizara a la familia de Juantxu Rodríguez, un fotógrafo abatido en 1989 por marines en Panamá cuando cubría para EL PAÍS la invasión de aquel país por tropas norteamericanas.

Por ello, la sentencia de la Audiencia Nacional del pasado diciembre criticó que España aceptase que EE UU se limitase a afirmar que el “ataque al hotel Palestina se encontraba justificado y que el fallecimiento de Couso fue un lamentable accidente”. Pese a que la instrucción de la Audiencia Nacional ya descartó que “los periodistas ubicados en el hotel pudieran ser confundidos con ojeadores, tiradores o grupos de tiradores del enemigo” —“el carro de combate contaba con elementos de visión con los cuales se podía apreciar con total claridad a las personas que se encontraban en ventanas y balcones del hotel y los objetos que portaban”—. Además, el ejército norteamericano sabía que en ese edificio pernoctaban los reporteros.

“Confiemos en que el Gobierno, a través de la Abogacía del Estado, tenga la decencia de no formalizar el recurso anunciado. Está a tiempo rectificar”, ha denunciado el colectivo de abogados Red Jurídica, que representa a la familia en su batalla legal, tras conocer la decisión del Ejecutivo de Sánchez (PSOE). “¿Gobierno del ‘cambio’? ¡Ja! Igual de genuflexos ante EE UU que el PP”, ha escrito también en Twitter uno de los hermanos del cámara de televisión asesinado.

Los Couso lograron esta victoria en la jurisdicción contencioso-administrativa después de que el Gobierno de Mariano Rajoy (PP) cerrara la puerta a la vía penal al recortar la justicia universal. Una reforma de los conservadores, avalada después por el Tribunal Constitucional, que obligó a la Audiencia Nacional a archivar la causa aunque veía la posible existencia de un delito. Este proceso se encuentra ahora a la espera de que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) se pronuncie sobre el recurso que ha presentado la familia del reportero.

La FAPE asume y respalda el comunicado de la APM en el que condena tajantemente las intimidaciones a la prensa por parte de los políticos

FAPE – 04/03/2020

FAPE

La Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE) asume y respalda el comunicado emitido por la Asociación de la Prensa de Madrid (APM) en el que condena de forma tajante y rotunda los últimos episodios de intimidación a periodistas protagonizados por algunos políticos significados.

La APM considera intolerables las amenazas a la prensa en un país democrático donde rige la libertad de prensa y la libertad de información. La Asociación exige que se respete el trabajo de los periodistas y su tarea de vigilancia de las actuaciones de los poderes públicos, en lugar de que se extiendan las manifestaciones y amenazas hacia los medios que son críticos con quienes ostentan el poder.

La APM recuerda que sin libertad de información desaparece el resto de las libertades y se cercena el pluralismo necesario para que los ciudadanos puedan formar su propia opinión.

El País arrancará su modelo ‘poroso’ con una base de un millón de usuarios registrados

dircomfidencial.com – 3/03/2020

El País arrancará su modelo ‘poroso’ con una base de un millón de usuarios registrados
Redacción de El País.

El cuándo era la principal incógnita a despejar. Inicialmente se planteó testar el producto a finales del año pasado, pero cuestiones técnicas han ido retrasando los plazos hasta hoy. Finalmente, El País estrenará su modelo de suscripción durante el mes de marzo tras meses de intenso trabajo y muchos ajustes.

La cabecera del grupo Prisa ha explicado que su paso hacia el pago tiene como objetivo “hacer sostenible para el futuro un periodismo profesional, de alta calidad y alcance global”.

Aunque no se ha concretado la fecha de lanzamiento, el simple anuncio ha bastado para generar expectación en el sector. Tanto entre los medios que ya operan bajo un sistema similar, para los que la entrada de nuevos actores en este terreno contribuye a reducir la cultura del ‘gratis total’; como los que se plantean hacer la transición.

Lo cierto es que El País afronta el que ha definido como “uno de los cambios más importantes” desde un punto de partida cuanto menos tranquilizador. Y es que para cuando se produzca el despliegue oficial contará con más de un millón de usuarios registrados.

Tal y como explica Prisa en su último informe de cuentas anual, en la actualidad hay cerca de un millón de navegadores únicos que navegan bajo login. Son responsables de consumir un 15% del total de páginas vistas. En el caso de la aplicación, el 40% del consumo de páginas vistas se hace bajo registro.

El acceso a la sección de opinión de la web del diario está restringido desde finales de julio. La única forma de hacerlo es mediante un muro de registro.

Fuentes de El País explican que esta base será clave en un modelo ‘poroso’ como el que está a punto de implantar. “Con las nuevas políticas de cookies que van aplicando los navegadores, si no tienes a la gente logueada no vas a poder en muchos casos traquear el número de artículos consumidos”.

Como norma general, los medios suelen activar un sistema de registro como paso previo al despliegue de un modelo de suscripción. Se trata de una medida muy efectiva a la hora de recopilar datos y que, actualmente, en España mantienen medios como ABC, La Vanguardia o El Confidencial.

Estos muros de registro permiten aprender más sobre las preferencias y necesidades de los lectores. Hasta el punto de que permiten mejorar las tasas de conversación diez veces respeto a los usuarios anónimos, según datos internos de la empresa Piano Media.

La Fiscalía niega el derecho de los periodistas a informar de causas judiciales

blogs.publico.es – Carlos Enrique Bayo – 3/03/2020

La Fiscalía niega el derecho de los periodistas a informar de causas judiciales
Adolescentes con sus teléfonos móviles. / FERRAN NADEU

Ha sido un juicio histórico, en el que por vez primera se sentaba en el banquillo un juez imputado por prevaricar al ordenar la requisa de móviles y ordenadores de periodistas, en violación del derecho fundamental de la protección de las fuentes periodísticas, recogido en el Artículo 20 de la Constitución. Pero la Fiscalía, actuando ostentosamente como abogada defensora del magistrado Miquel Florit, intentó convertirlo en una causa general contra el derecho de la prensa a informar sobre el contenido de los procedimientos judiciales, puesto que nuestra legislación lo considera materia reservada en su totalidad, algo impensable para otros sistemas jurídicos democráticos –como el anglosajón– que consideran imprescindible para una justicia real la plena transparencia de las actuaciones judiciales. Sólo exceptuando los casos de amenazas terroristas, o para la seguridad nacional, directas e inminentes.

En cambio, nuestra normativa procesal penal –a veces más cercana a los usos inquisitoriales que a los del Derecho Romano– prevén, tal como lo resume el magistrado y presidente del TSJC, Jesús Mª Barrientos, que «todas las actuaciones judiciales propias de la instrucción, y hasta que sea decretada la apertura del juicio oral , en su caso, tienen el carácter de secretas y reservadas, lo que permitirá el exclusivo acceso a ellas de las partes personadas en el proceso, sin posibilidad alguna de trascender a terceros. Ahora bien, el juez puede decretar el secreto sumarial de las actuaciones, lo que supondrá que ni siquiera las partes puedan acceder a las mismas».

Una opacidad judicial española criticada internacionalmente… igual que los 49 países del Grupo de Estados contra la Corrupción (GRECO) del Consejo de Europa han reclamado en cuatro ocasiones a España que proceda a garantizar la independencia real del Poder Judicial, sin que el Gobierno haya tomado medida ninguna, en los seis años transcurridos desde su primer informe, para despolitizar el CGPJ, dominado por juristas de derechas desde su creación, en diciembre del 78.

Afortunadamente, hasta ahora ningún juez había osado saltarse la Constitución para obligarnos a los periodistas a revelar nuestras fuentes, con las que logramos –con grandes dificultades– levantar ese velo de opacidad judicial y cumplir el deber de garantizar el derecho constitucional de los ciudadanos a recibir una información veraz; también de los procedimientos judiciales en curso, puesto que ese derecho/deber no tiene limitación ninguna en la Constitución.

Sin embargo, la macro-causa sobre la mayor organización criminal mafiosa que haya padecido Baleares ha merecido, y no sólo para un juez «equivocado» –cómo admitió hasta su abogado en el juicio– sino también para la Fiscalía Anticorrupción, la adopción de medidas anticonstitucionales sin precedentes destinadas a averiguar las fuentes de los periodistas. Algo gravísimo porque, privados de la posibilidad de garantizar la confidencialidad de nuestras fuentes, nos veremos incapaces de obtener informaciones cruciales para destapar casos de corrupción y abusos de poder que sólo nos pueden proporcionar alertadores o denunciantes que a su vez corren riesgos al filtrar esos hechos. Y todo esto ocurre cuando la UE acaba de aprobar la contundente Directiva de Protección de Whistleblowers, que la Fiscalía parece empeñada en conculcar reiteradamente.

Porque, sí; el objetivo de la incautación de los móviles y ordenadores de los reporteros sí era «identificar el documento que había sido filtrado y conocer la fuente del periodista, el origen de la filtración del documento», tal como reconoció en su testimonio por vídeoconferencia ante el Tribunal Superior de Justicia de Baleares (TSJC) el propio fiscal jefe Anticorrupción, Alejandro Luzón. Y, para justificar esa violación de derechos fundamentales, aseveró: «Valoramos la excepcionalidad de la medida y autoricé el informe favorable a la medida», ante la «gravedad excepcional del delito que se investigaba». Sin que explicase a qué se debía esa supuesta «gravedad».

En cualquier caso, ¿por qué no consideró también de «gravedad» que el fiscal Tomás Herranz, en una causa en la que no se había declarado expresamente el secreto, filtrase a la Cadena SER, tres meses antes de que fuera notificado a las partes, el informe que él mismo emitió en relación a la pertinencia de la exposición razonada contra el juez y el fiscal del caso Cursach? Ese hecho fue denunciado y la propia Fiscalía estimó que no era delito y que tampoco merecía ni siquiera una sanción disciplinaria.

Digo «supuesta» gravedad porque tanto los tres fiscales que hablaron en el juicio como defensores del juez Florit, como el verdadero abogado –por cierto, el exfiscal Zaforteza– del acusado, insistieron en afirmar una y otra vez que se estaba investigando una presunta «revelación de secretos». Aunque todos ellos tienen que saber que sólo se incurre en ese delito cuando lo filtrado ha sido previamente decretado secreto sumarial por el juez, cosa que no había ocurrido, como tampoco ignoraban los que hasta la última frase de la vista oral repitieron esa falsedad.

Que no lo ignoraban quedó patente cuando el abogado del periodista Kiko Mestre (del Diario de Mallorca) interpeló al fiscal Juan Carrau –quien instó a Florit a tomar tan drástica medida como intervenir los móviles e incautarse de las herramientas digitales de trabajo de Mestre y de Blanca Pou (de Europa Press)–, recordándole que la filtración fue previa a la fecha en la que el juez Florit decretó (12 días después) el carácter secreto del informe filtrado. Tal como, además, reconoce el informe de la propia Fiscalía Anticorrupción oponiéndose al recurso del juez y el fiscal que investigaron la mafia policial en Baleares, hecho que Público desveló en exclusiva hace casi tres meses:

Ante ese hecho irrefutable, Carrau esgrimió una argumentación capciosa: «La necesidad del secreto de ese informe quedó patente por cuanto el juez lo decreto en cuanto lo leyó… además de que antes de esa fecha tampoco era público». Y lo hizo vistiendo la toga oficial de fiscal –pese a no estar actuando como tal en ese juicio, sino declarando como testigo– y luciendo sus puñetas sentado en el banco de la defensa, junto al abogado de Florit, como si participase de su equipo letrado. Bueno, en realidad fue lo que hizo… y fue protestado por los abogados de los periodistas pero permitido por los miembros del tribunal. Y todo ello pese a que durante un tiempo el propio Carrau estuvo investigado en esta misma causa (por presunta inducción a la prevaricación), ya que fue él quien incitó a Florit a dictar la resolución prevaricadora… y el auténtico abogado del juez, Zaforteza, subrayó en su alegato final que su defendido se había limitado a «hacer lo que el fiscal y los policías le pidieron que hiciera». Un criterio judicial impecable, al parecer de esos letrados.

Pero lo más importante es que Carrau fue el primero con el que nos topamos con la ¿nueva? premisa de la Fiscalía contra la libertad de información –uno de los pilares de cualquier democracia– de la que hablábamos al principio de este artículo: como todas las actuaciones durante la instrucción judicial son reservadas, salvo para las partes, filtrarlas y publicarlas resulta ser delictivo (ya veremos más adelante que es a ese punto a dónde quería llegar la Fiscalía). Pero Carrau omitía a sabiendas que, en ese caso, no se trataría en absoluto de un delito de «revelación de secretos», sino de una infracción que acarrearía una mera «corrección disciplinaria» si la filtración fuese debida a abogados o procuradores, o si fuera cometida por autoridad o funcionario público, a «pena de multa de doce a dieciocho meses e inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de uno a tres años» (Artículo 417 (1) del Código Penal).

¿Era ése el «gravísimo delito» de «carácter excepcional» que merecía violar los derechos fundamentales de periodistas, a los que ni se les imputaba ni investigaba en la causa? Siempre recordando, además, que en realidad el derecho fundamental que se viola no es el de los reporteros que cumplen su deber constitucional, sino el de los ciudadanos que deben recibir información veraz en toda democracia.

¿Cómo podían tan eminentes juristas «ponderar» al mismo nivel la necesidad de perseguir un delito penal (o mera infracción administrativa, según quién lo cometa) con el deber de proteger los derechos fundamentales de los ciudadanos establecidos en la Constitución? ¿No se les ocurrió que imponer (mediante auto judicial ejecutado por agentes policiales en sedes de medios de comunicación) esa intromisión en el ejercicio de la libertad de prensa sentaría un precedente terriblemente antidemocrático para toda la sociedad?

Pues no. Una y otra vez, fiscales/defensores de Florit reiteraron que el juez dictó tan inusitada resolución de quebrantamiento de derechos fundamentales ante la supuesta «gravedad excepcional» del delito que se perseguía. El mismo Florit alegó en su declaración como imputado que tenía «el deber de perseguir ese delito gravísimo», al tiempo que admitió que «en cierto sentido» lo que pretendía era vulnerar el secreto de las fuentes periodísticas porque «quería descubrir al autor de la filtración». Ojalá hubiera puesto el mismo empeño y dedicación en cerrar la instrucción de la causa sobre la mayor trama policial mafiosa que se haya conocido en España y que quedó pendiente hasta que pidió la baja y fue sustituido.

«Antes de acordar el registro valoré que podían quedar al descubierto fuentes de los periodistas y estimé que no comprometía el derecho al secreto profesional de los informadores», adujo literalmente el juez, cometiendo un oxímoron de manual: ¿cómo puede entenderse que poner al descubierto las fuentes protegidas no compromete el derecho al secreto de esas fuentes? Si ésa es la lógica que aplicaba a toda su instrucción…

Más aún, Florit aseguró que había «sopesado» el conflicto entre el derecho al secreto profesional periodístico y la obligación de perseguir un delito. Sin embargo, en sus lacónicos autos (cuatro) de dos páginas cada uno ordenando la intervención e incautación de los dispositivos de los periodistas no aportó motivación ninguna para vulnerar ese secreto profesional, al que ni siquiera se refirió por escrito. Algo que su abogado calificó arteramente de «equivocación»: un error es equivocarse en un nombre, fecha u otro dato, pero no motivar la violación de un derecho constitucional es muchísimo más que una mera equivocación.

Además, como bien señaló el abogado de Mestre, Nicolás González-Cuéllar, jurídicamente sólo tiene valor y reconocimiento lo que figura en el auto del juez, y para nada se pueden valorar como pruebas –por parte del tribunal juzgador– las supuestas ponderaciones o consideraciones del magistrado si no las plasmó de ninguna manera en las resoluciones que dictó por escrito. ¿Cómo que «una equivocación»?

Igualmente, no fue más que una (prolongada) pérdida de tiempo la porfía con la que fiscales/abogados trataron de demostrar que la incautación de los móviles y ordenadores no se consumó con el examen de su contenido, porque no llegó a ejecutarse en sede policial. Y no sólo porque los policías que se personaron en la delegación de Europa Press sí abrieron y examinaron tanto el móvil como el ordenador de Blanca Pou –y lo hicieron delante de ella– sino, sobre todo, porque el delito de prevaricación lo comete «el juez o magistrado que, a sabiendas, dictare resolución o sentencia injusta» (Artículo 446 del Código Penal). Por tanto, el delito ya ha sido cometido en cuanto se ha dictado dicha resolución, independientemente de las consecuencias que luego tenga, tanto si se cumple como si no.

¿Acaso no sabían ese principio básico tantos fiscales de primer nivel? Porque no sólo estaban allí amparando a Florit el fiscal jefe Anticorrupción y su directo subordinado en Palma, sino también el Fiscal Superior de Baleares desde hace casi veinte años, Bartomeu Barceló, quien dio un espectáculo penoso. Y no únicamente por empecinarse en sostener lo indefendible, sino también por las obvias carencias de sus razonamientos y sus atropellados balbuceos, en los que confundió hechos y personas –como cuando se obstinó en preguntar a Pou (repito, de Europa Press) sobre lo que hizo el delegado de la agencia EFE–, mientras se veía incapaz de encontrar entre sus legajos los documentos probatorios a los que él mismo se refería.

Barceló demostró con su mediocridad –que todavía lucía más ante la brillantez de algunos de los letrados presentes– que no ha participado en casi ningún juicio, aunque sí en muchas recepciones y banquetes, desde hace dos décadas. Pero mucho más grave fue su porfía en desautorizar la labor periodística de los que informamos sobre tribunales, apoyándose para ello en el Código Deontológico de la Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE). Para lo que, además, aportó una copia de la versión de 2003, cuando la última actualización de ese código se aprobó en la Asamblea Ordinaria de Mérida, el 22 de abril de 2017.

Pues bien, el ilustrísimo fiscal superior de las Illes Baleares (cuyo curriculum vitae oficial ocupa cinco líneas) se desvivió por convencer a la Sala de lo Civil y lo Penal del TSJB de que los periodistas que informamos sobre las actuaciones judiciales estamos violando nuestro propio código deontológico, acogiéndose al punto 2 del Capítulo III (Principios de Actuación), que reza: «En el desempeño de sus obligaciones profesionales, el periodista deberá utilizar métodos dignos para obtener la información, lo que excluye los procedimientos ilícitos».

Ergo, si obtenemos filtraciones sobre diligencias, autos o resoluciones judiciales y las publicamos, estamos cometiendo un acto ilícito y quedamos invalidados para acogernos al derecho constitucional a una información veraz. Argumento que le echó una y otra vez en cara a Mestre, quien además se vio obligado a acogerse repetidamente al secreto profesional en vista del inquisitorial interrogatorio del fiscal superior. El periodista incluso tuvo que repetir varias veces –como si se lo estuviese explicando a un niño de primaria– que si había entregado su móvil a tres policías armados y portadores de una orden judicial sin presentar resistencia no quería decir que lo hubiese hecho «voluntariamente».

Al final, Mestre tuvo que admitir ante la presión del fiscal superior: «Podía haberme tirado al suelo, pero no lo hice».

¿Quedó así satisfecho Bartomeu Barceló de que había ganado el intercambio dialéctico?

Aunque lo que de verdad asusta de toda este vergonzoso despliegue fiscal contra el periodismo de tribunales es pensar si, a partir de ahora, la Fiscalía General del Estado va a considerarnos delincuentes perseguibles –y nuestros medios de trabajo incautables– por informar sobre las causas judiciales en curso.

Por defender a un juez claramente inoperante y presuntamente prevaricador, la Fiscalía y la Judicatura están lanzándose al vacío de la negación del derecho democrático más básico: la libertad de expresión y de prensa. ¿Será por el tremendo poder que sigue teniendo Cursach?

La Fiscalía de Barcelona presenta la primera querella en España por ‘fake news’

elperiodico.com – 27/02/2020

La Fiscalía de Barcelona presenta la primera querella en España por 'fake news'
Adolescentes con sus teléfonos móviles. / FERRAN NADEU

La Fiscalía de Barcelona ha presentado una querella contra una internauta acusada de difundir un vídeo falso que atribuía actitudes violentas a un grupo de menores no acompañados (‘menas’), en la primera iniciativa legal del Ministerio Público contra las ‘fake news en España.

En su querella, que investiga un juzgado de Sant Feliu de Llobregat (Barcelona), el Ministerio Público acusa de un delito contra los derechos fundamentales a la mujer que presuntamente difundió, a través de su cuenta de Twitter, un vídeo que mostraba las agresiones de un grupo de alumnos en Brasil a su profesora, atribuyéndolo falsamente a un centro de menores no acompañados de España. La Fiscalía se querelló contra la mujer por un delito de odio y discriminación con el agravante de difusión por internet.

La Síndica de Greuges de Barcelona denunció a la fiscalía el 2 de julio del año pasado la difusión por internet y redes sociales de un vídeo con expresiones que asociaban interesadamente los menores inmigrantes no acompañados con violencia en las aulas. Una semana después la fiscal jefe de Barcelona encargó la investigación al fiscal de odio, Miguel Ángel Aguilar, que pidió a la unidad de investigación de radicalismos en la red, de la comisaría de información de los Mossos, que buscaran la origen del vídeo.

En octubre la policía catalana entregó dos atestados donde identificaba varios autores que habían difundido el vídeo por Twitter y Facebook, y que residían en Cuenca, León, Granada y Madrid. El fiscal remitió los atestados a las fiscalías provinciales correspondientes para que lo investigaran. En el otro atestado identificaba la titular de una cuenta de Twitter, vecina de Sant Joan Despí, que difundió el vídeo el 13 de junio.

En diciembre, los Mossos le tomaron declaración como investigada, pero la mujer se negó. En el mensaje, ubicado en una web, se podía leer: «Te envío un vídeo de un centro educativo para los inmigrantes menores de edad que entran ilegalmente en España. Te ruego que el difundas porque España se dé cuenta de una vez como nos agradecen que los acogemos «. Adjunto había un vídeo de un minuto y medio en el que se puede observar como dentro de un aula de un centro educativo varios alumnos llaman y tiran papeles a la profesora, también tiran y tumban mesas y sillas, todo en medio de risas de burla. La investigación policial ha determinado que los hechos sucedieron en Brasil, y no tiene nada que ver con los menores emigrados en España.

Según la fiscalía, la investigada pretendía, con este vídeo difundido indiscriminadamente, vincular una supuesta violencia en las aulas con los tipo para «denigrar los mismos», asociando de forma generalizada a actos incívicos, violentos y de falta de respeto al profesorado, desacreditando los mismos y contribuyendo a aumentar entre la población los prejuicios y estereotipos contra un colectivo «especialmente vulnerable», con el «consiguiente riesgo de generar sentimientos de rechazo y hostilidad social hacia ellos». Por todo ello, la fiscalía cree que la mujer habría cometido un delito contra los derechos fundamentales y las libertades públicas reconocidas en la Constitución en la modalidad de lesión de la dignidad por motivos de origen con el agravante de difusión en Internet.

‘Público’ participa en el vídeo por Assange de la campaña mundial que ya reúne a más de 1.300 periodistas

publico.es – Carlos Enrique Bayo  – 26/02/2020

'Público' participa en el vídeo por Assange de la campaña mundial que ya reúne a más de 1.300 periodistas
Algunos de los periodistas de investigación de todo el mundo que han puesto en marcha la campaña #JournalistsSpeakUpforAssange.

En una iniciativa periodística mundial sin precedentes, 1.342 reporteros de investigación y editores de medios de comunicación de 99 países han firmado ya el manifiesto en defensa de Julian Assange, el fundador de Wikileaks recluido en total aislamiento en una prisión de alta seguridad de Londres y juzgado durante estos días en el proceso de extradición abierto por EEUU, que le imputa 17 cargos de espionaje por los que puede ser condenado a 175 años de cárcel.

Quince de los periodistas impulsores de esta campaña internacional hemos participado en la elaboración de un vídeo de denuncia de la injusticia que se pretende cometer contra quien ha aportado más revelaciones sobre los crímenes de guerra cometidos por las potencias militares; el primer investigador acusado de espionaje por publicar materiales filtrados por un whistleblower (alertador o denunciante), cuya condena seria un terrible precedente para la libertad de información en todo el mundo.

Entre los firmantes del manifiesto destacan Daniel Ellsberg, quien fuera el filtrador de los Papeles del Pentágono, Katharine Gun, sobre la que trata la reciente película Secretos de Estado, y Edward Snowden, hoy refugiado en Rusia tras desvelar el espionaje masivo de líderes mundiales y personalidades de todos los países por parte de la NSA (National Security Agency) de EEUU.

El texto que se lee en este vídeo en inglés, traducido al castellano, es el siguiente:

Nosotros, periodistas de todos los rincones del mundo, expresamos nuestra grave preocupación por la detención de Julian Assange en una prisión de alta seguridad británica y por los cargos de espionaje sin precedentes a los que hace frente en Estados Unidos.

Si él es extraditado a los EEUU, puede sufrir una sentencia de 175 años en prisión.

Esta es la primera vez que alguien ha afrontado imputaciones de espionaje por publicar materiales proporcionados por un alertador.

Lo que no sabríamos si no hubiera existido Wikileaks

Sin Wikileaks, no sabríamos nada de:

Los crímenes de guerra en Irak y Afganistán.
• El espionaje de la NSA a líderes mundiales y representantes de la ONU.
•Los abusos y torturas en Guantánamo y otros lugares.
•y mucho más

Publicar información clasificada es una parte integral del periodismo.
Muchos de los medios de comunicación para los que trabajamos han difundido estos temas en colaboración con Wikileaks.

Si el Gobierno de EEUU puede extraditar a Assange por ello, abrirá el camino para que los gobiernos criminalicen a cualquiera de nosotros, en cualquier lugar del mundo.

l Gobierno de Brasil ya está siguiendo ese ejemplo al presentar cargos similares contra el periodista estadounidense Glenn Greenwald por haber desvelado irregularidades en el Ministerio de Justicia de Brasil.
¿Quién será el próximo?

Nosotros –periodistas de muchos países– reclamamos la inmediata liberación de Assange, que el Gobierno y la Justicia del Reino Unido rechacen una extradición de motivaciones políticas, y que el Gobierno de EEUU revoque las imputaciones de espionaje.

Por eso estoy alzando la voz en defensa de Julian Assange, en estos tiempos peligrosos.

Está siendo procesado por el delito de revelar crímenes de guerra.

Es una terrible injusticia y, como precedente, amenaza el trabajo de nuestros colegas periodistas en todo el mundo.

El fiscal de EEUU advierte a los periodistas de todo el mundo

Durante la primera sesión, este lunes, del juicio contra Assange que se celebra en la corte londinense de Woolwich, el fiscal norteamericano James Lewis afirmó que Washington aplicará la misma persecución judicial que sufre el líder de Wikileaks contra cualquier periodista que revele secretos de Estado de EEUU. Sin mencionar que los secretos revelados por Wikileaks son pruebas de cargo sobre crímenes de guerra cometidos por militares de EEUU que la Justicia estadounidense ni siquiera ha investigado.

Público fue uno de los medios internacionales asociados estrechamente a Wikileaks, colaborando en la investigación y publicación de sus filtraciones, desde febrero de 2012 hasta septiembre de 2016, en virtud de un MOU (Memorandum of Understanding) rubricado anualmente entre Assange y el entonces director de este diario, Carlos Enrique Bayo.

El Constitucional establece que los medios no pueden publicar fotos de las redes sociales sin consentimiento

Emundo.es – 26/02/2020

El Constitucional establece que los medios no pueden publicar fotos de las redes sociales sin consentimiento

El tribunal de garantías por primera vez aborda dicha cuestión en una sentencia donde confirma la condena a un periódico por vulneración del derecho a la imagen

El Tribunal Constitucional ha establecido por primera vez que los medios de comunicación no pueden publicar informaciones sustraídas de las redes sociales para ilustrar informaciones si no tienen el consentimiento expreso de los afectados. En una sentencia novedosa, que sienta jurisprudencia, el tribunal de garantías confirma el fallo del Tribunal Supremo que condenó a La Opinión de Zamora a indemnizar con 15.000 euros a un hombre cuya fotografía fue obtenida de su cuenta de Facebook y publicada en la portada del periódico para ilustrar un suceso del que fue víctima.

En la resolución, a la que ha tenido acceso EL MUNDO, la Sala Segunda del Alto Tribunal establece que se vulneró el derecho fundamental a la imagen del ciudadano ya que la fotografía de «un particular anónimo o desconocido, o lo que es lo mismo, de alguien que no ejerce cargo público o una profesión de notoriedad, por más que sea captada en un lugar público no puede utilizarse sin su expreso consentimiento».

Los hechos se remontan al 8 de julio de 2013 cuando el citado diario publicó con el título «Un hombre muere en Zamora al dispararse después de herir a su hermano de otro tiro» un reportaje sobre un suceso ocurrido el día anterior en el domicilio familiar del afectado consistente en el suicido de su hermano. El hombre demandó al periódico alegando que el artículo periodístico contenía datos personales y familiares que permitían identificarle, tales como su nombre, el de su hermano, las iniciales de sus apellidos, el apodo del fallecido, la dirección del domicilio familiar, la profesión del padre y el lugar donde la ejerció, además de referencias a la notoriedad de la familia en la localidad o incluso la enfermedad neurodegenerativa padecida por la madre. En el reportaje se incluyeron fotografías del demandante y de su hermano, que habían sido obtenidas de sus respectivos perfiles de la red social Facebook sin la preceptiva autorización.

Tras ser condenado por la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo, La Opinión de Zamora recurrió en amparo al Tribunal Constitucional defendiendo el derecho a comunicar libremente información veraz por cualquier medio de difusión. El Ministerio Fiscal solicitó la desestimación del amparo ya que, a su juicio, aunque la publicación del trágico suceso cumple con los estándares de relevancia pública o social y de veracidad exigidos por este tribunal en acontecimientos de relevancia penal, no era uno de los dos supuestos en los que sí se puede publicar una imagen de un ciudadano anónimo sin previo consentimiento.

Los magistrados Juan Antonio Xiol (ponente), Fernando Valdés, Pedro González Trevijano, Antonio Narváez y Ricardo Enríquez explican estos dos supuestos se dan cuando, en primer lugar, la persona aparezca en la fotografía de manera meramente accesoria e intrascendente, sin protagonismo alguno, o en el caso de que la participación en el acontecimiento noticiable de la persona inicialmente anónima fuera principal o protagonista, «en cuyo caso su derecho fundamental a la imagen deberá ceder frente al derecho a la información, precisamente debido al papel no accesorio que ha asumido el propio sujeto». Sin embargo, el tribunal considera que no se cumplen ninguno de estos requisitos en el presente procedimiento y recuerda que la «regla primera» para lograr la protección del derecho fundamental a la imagen para «poder captar, reproducir y/o publicar la imagen de una persona es indispensable su consentimiento inequívoco». Entre otras cuestiones, porque la publicación de una fotografía supone una «mayor intromisión en el derecho a la privacidad de la persona», pues muestra al público sus rasgos haciéndola identificable. El TC reconoce que los sucesos criminales son acontecimientos noticiables, «incluso con independencia del carácter de sujeto privado de la persona afectada por la noticia. Sin embargo, el límite está en la individualización, directa o indirecta, de la víctima, pues este dato no es de interés público porque carece de relevancia para la información que se permite transmitir».

En el caso analizado, el tribunal concluye que la fotografía no guardaba una «especial relación» con las circunstancias del suceso trágico sobre el cual se estaba informando, «lo que hacía totalmente innecesaria la reproducción de la imagen identificable del rostro de la víctima».

La incidencia de las redes sociales

Además, la sentencia aborda de lleno la incidencia que las nuevas tecnologías y la aparición de las redes sociales pueden tener en el derecho a la imagen. «Los usuarios han pasado de una etapa en la que eran considerados meros consumidores de contenidos creados por terceros, a otra -la actual- en la que los contenidos son producidos por ellos mismos. Con plataformas como Facebook, Twitter, Instagram o Tuenti los usuarios se han convertido en sujetos colaborativos, ciudadanos que interactúan y que ponen en común en redes de confianza lo que tienen, lo que saben o lo que hacen, y que comparten con un grupo más o menos numeroso de destinatarios -usuarios igualmente de la Red Social- todo tipo de imágenes, información, datos y opiniones, ya sean propios o ajenos», explican el TC.

En este contexto «es innegable» que «algunos contornos de los derechos fundamentales al honor, a la intimidad y a la propia imagen pueden «quedar desdibujados» y que «la utilización masificada de estas tecnologías de la información añaden nuevos problemas jurídicos a los ya tradicionales. Si bien es un hecho que el funcionamiento de las redes sociales permite la difusión de información personal, también lo es que puede significar una pérdida de control de la información suministrada por el propio usuario». En ese sentido, el tribunal advierte «por obvio que resulte» de que «los usuarios continúan siendo titulares de derechos fundamentales y que su contenido continúa siendo el mismo que en la era analógica». El tribunal afirma que «el reconocimiento constitucional de los derechos fundamentales comprendidos en el artículo 18 de la Constitución conlleva la potestad de la persona de controlar los datos que circulan en la red social».

En el caso concreto de Facebook, el Constitucional destaca que no puede obviarse que la información ofrecida en esta red social está inmersa en «una maraña de cláusulas contractuales contenidas en un prolijo y extenso documento alojadas en lugares del sitio web de difícil acceso para el usuario, reservándose, por otro lado, la plataforma la posibilidad de modificar las condiciones de uso y privacidad en cualquier momento, sin necesidad de preaviso a los usuarios registrados que con anterioridad las hubieran aceptado». Por tanto, la Sala entiende que «hay que concluir que el ciudadano desconoce el contenido real y las consecuencias del otorgamiento de la autorización exigida para su registro y utilización, pues resultan de difícil comprensión para cualquier usuario medio que no disponga de conocimientos jurídicos y tecnológicos, por lo que difícilmente en este caso puede hablarse de un consentimiento basado en información fiable o confiable».

Convocado el III Certamen Nacional ‘Elgar’ de Viñetas Periodísticas

Asociación de la Prensa de Málaga – aprensamalaga.com – 25/02/2020

Convocado el III Certamen Nacional ‘Elgar’ de Viñetas Periodísticas
De izquierda a derecha, Yolanda Solero, responsable de Acción Social de la Dirección Territorial de Andalucía Oriental y Murcia de CaixaBank; Elena Blanco, presidenta de la Asociación de la Prensa de Málaga; Antonio Pedraza, presidente de la Fundación Manuel Alcántara; y Carolina Jiménez, directora de Márketing del Centro Oficial de Formación Profesional (Cesur).

La Asociación de la Prensa de Málaga (APM) y la Fundación Manuel Alcántara prensentaron el pasado 21 de febrero la tercera edición del Certamen Nacional ‘Elgar’ de Viñetas Periodísticas dotado con 7.500 euros en premios en sus dos modalidades: Trayectoria Profesional (5.000 euros) y Mejor Viñeta Periodística (2.500 euros). El plazo de admisión de candidaturas permanecerá abierto desde el 21 de febrero hasta el 3 de abril, ambos inclusive.

La Obra Social “la Caixa” y el Centro Oficial de Formación Profesional (Cesur) repiten una vez más como colaboradores de estos galardones, únicos a nivel nacional, que buscan superar el éxito de participación de las anteriores ediciones, que ha contado con más de un centenar de viñetistas del país.

Elena Blanco, presidenta de la Asociación de la Prensa de Málaga, ha agradecido la labor realizada por el anterior presidente, Rafael Salas, y el apoyo de las instituciones que participan en el certamen, destacando que la viñeta “se enfrenta a la síntesis de una realidad compleja, pero con mayor libertad. Tiene el don de llegar donde no puede llegar la palabra”. Asimismo, ha recordado que se trata de un género esencial en el periodismo por su función editorial “especialmente importante donde la libertad de expresión no existe”.

Por su parte, Antonio Pedraza ha agradecido a Elena Blanco su esfuerzo por continuar potenciando este certamen y ha recordado que Manuel Alcántara se involucró con mucho cariño en el lanzamiento del premio, poniendo como condición que llevara el nombre de ‘Elgar’, con quien le unía una entrañable amistad: “Era para él una manera de perpetuar su nombre en la sociedad y en la profesión”

El Certamen Nacional ‘Elgar’ de Viñetas Periodísticas se consolida así en el mundo del humor gráfico, sector en el que ya ha distinguido a diversos compañeros de diferentes puntos de la geografía española. ‘Gallego y Rey’ e ‘Idígoras y Pachi’ han sido los profesionales reconocidos en la categoría Trayectoria Profesional de las dos primeras ediciones del certamen. En la modalidad de Mejor Viñeta Periodística han recibido ya el galardón ‘Miki y Duarte’ y César Oroz.

La Obra Social «la Caixa», en cuya sede se ha presentado el certamen, colabora en el premio desde su primera edición. “En «la Caixa» creemos en la educación, la cultura y la investigación como motores del progreso y trabajamos para mejorar la calidad de vida de las personas más vulnerables”, ha destacado Yolanda Solero, responsable de Acción Social de la Dirección Territorial de Andalucía Oriental y Murcia de CaixaBank, quien ha recordado la colaboración que mantienen con las dos entidades organizadoras “en otros proyectos vinculados a la comunicación y el periodismo”.

El Centro Oficial de Formación Profesional (Cesur), empresa perteneciente al Grupo Coremsa, es el centro oficial de formación profesional de referencia en España con más de 20 centros. Su directora de Márketing, Carolina Jiménez, ha destacado que “es un honor volver a colaborar un año más con este certamen”, fruto de la relación que también mantienen desde hace años con la Asociación de la Prensa para impulsar la cultura y el talento profesional en Málaga.

La FAPE se une a la FIP, a la que pertenece, en la condena al asesinato de la locutora mexicana Teresa Aracely Alcocer

FAPE – 21/02/2020

La FAPE se une a la FIP, a la que pertenece, en la condena al asesinato de la locutora mexicana Teresa Aracely Alcocer
El verdadero nombre de “Bárbara Greco” era Teresa Aracely Alcocer Carmona FOTO: heraldodemexico.com.mx

La Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE) se une a la Federación Internacional de Periodistas (FIP), a la que pertenece, y a su afiliado, el Sindicato Nacional de Redactores de Prensa (SNRP), en la condena al asesinato de la locutora Teresa Aracely Alcocer en Chihuahua (México). Las tres organizaciones profesionales exigen a las autoridades que garanticen la vida y la seguridad de los colegas de la zona, así como el pronto esclarecimiento de lo ocurrido y la condena a los responsables.

Medios locales confirmaron el asesinato de Teresa Aracely Alcocer, conocida públicamente como “Bárbara Greco”. Trabajaba como locutora de radio en La Poderosa, estación local de la colonia El Barreal y tenía 37 años.

De acuerdo con Julio Castañeda, portavoz de la Fiscalía Especializada en Investigar Violencia contra las Mujeres por  Razones de Género (FEM), la joven fue asesinada por varios sujetos armados en el cruce de las calles Honduras y 20 de Noviembre, en Ciudad Juárez, una de las ciudades fronterizas entre México y Estados Unidos con alta presencia del crimen organizado.

Si bien aún se espera la entrega de documentos oficiales de la víctima, el cuerpo ya fue reconocido en una primera instancia, lo que confirmó el asesinato por medio de disparos de armas de fuego. Sin embargo, se ignora quiénes son los responsables intelectuales y a los autores materiales del crimen.

Teresa Aracely Alcocer acostumbraba a colaborar en una sección radiofónica dedicada a la lectura de cartas, y recientemente se había manifestado, desde sus redes sociales, en contra del asesinato de la niña Fátima, feminicidio que por sus resonancias aún conmueve a gran parte del país.

La FAPE asume y respalda el comunicado de la Anigp-TV, su asociación vinculada, que condena el veto a los gráficos en la última comparecencia de Casado y Arrimadas

FAPE – 19/02/2020

Las cámaras de los reporteros gráficos sobre el escritorio como gesto de protesta. FOTO: InfoLibre.es
Las cámaras de los reporteros gráficos sobre el escritorio como gesto de protesta. FOTO: InfoLibre.es

La Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE), asume y respalda el comunicado emitido por la Asociación Nacional de Informadores Gráficos de Prensa y Televisión (ANIGP-TV), vinculada a la Federación, en el que condena la decisión del Partido Popular y de Ciudadanos de vetar el acceso de los reporteros gráficos acreditados a la comparecencia de Pablo Casado e Inés Arrimadas después de la reunión que mantuvieron ambas formaciones en el edificio de los grupos políticos en el Congreso.

Ambos partidos convocaron a la presa en dicho escenario pero, una vez allí, se les comunicó a los periodistas y los reporteros gráficos que el evento no tenÍa cobertura informativa.

Los periodistas y reporteros gráficos se situaron en el pasillo para poder recoger las opiniones de Casado y Arrimadas a la salida de la reunión. Poco después, un ujier del Congreso y un policía nacional conminaron con malos modos a los informadores a desalojar dicho lugar.

En un intento rechazable de suplantar el trabajo de los reporteros gráficos, los jefes de prensa de ambas formaciones políticas les ofrecieron las fotografías que los propios partidos políticos hicieron de la reunión para la publicación en sus respectivos medios, cosa que desde cualquier ángulo del periodismo es vergonzoso.

La ANIGp-TV recuerda a los jefes de prensa de dichos partidos que los periódicos no son sus agencias de comunicación,  sino medios de prensa independientes y que, en cualquier caso, están amparados en su derecho constitucional de ejercer la libertad de prensa, y con más intensidad en el Congreso de los Diputados como “la casa de todos”.

No tiene sentido que estas formaciones critiquen con efusividad y con razón que en Moncloa se hagan ruedas de prensa sin preguntas y eventos sin cobertura de medios para, inmediatamente, proceder de la misma manera y de forma discrecional, en lo que supone un límite intolerable al ejercicio libre del periodismo, uno de los pilares fundamentales de nuestra democracia.

Las asociaciones de prensa condenan el espionaje a periodistas por parte del BBVA

FAPE – 20/02/2020

Las asociaciones de prensa condenan el espionaje a periodistas por parte del BBVA

La Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE), la Asociación de Periodistas de Información Económica (APIE) y la Asociación de la Prensa de Madrid (APM), una vez constatado que las investigaciones policiales sobre espionaje a periodistas aparecen en el sumario del caso Villarejo/BBVA, quieren condenar de forma enérgica esta práctica que consideramos un ataque a la libertad de acceso a las fuentes y  que pone en riesgo la transparencia informativa.

Destacamos la especial gravedad de esas intervenciones sobre correos y llamadas entre periodistas y empleados del banco, así como pinchazos de los teléfonos móviles, que se han realizado de forma sistemática durante cerca de un década, tal como refleja el sumario. Es para las asociaciones una forma de actuar que pone en riesgo la correcta relación  entre empresas y medios de comunicación, así como el ejercicio de la libertad de expresión y el derecho a ser informado de todo ciudadano. Con este tipo de actitudes se busca influir en la información que llega a lectores, inversores, accionistas y mercados, con el objetivo de sacar provecho para algunos directivos.

 Las asociaciones profesionales exigimos a las compañías que respeten el trabajo de los periodistas y subrayamos que sus directores de comunicación deben mantenerse vigilantes para favorecer que la información que generan sea veraz y transparente. Confiamos en que la Justicia y las autoridades supervisoras determinarán las responsabilidades que puedan derivarse de este caso.

El Tribunal Constitucional ampara por primera vez el derecho de las personas presas a comunicar con la prensa

FAPE – 5/02/2020

El Tribunal Constitucional ampara por primera vez el derecho de las personas presas a comunicar con la prensa

El Alto Tribunal reconoce que negarles el derecho a expresarse también afecta a la libertad de información de los profesionales de la comunicación y al derecho de la ciudadanía a ser informada de asuntos de público interés. El Constitucional censura que la Administración Penitenciaria intentara impedir la difusión de críticas a la situación en las cárceles.

La Sala Segunda del Tribunal Constitucional reconoció ayer, en una sentencia sin precedentes, el derecho a la libertad de expresión de las personas presas, el derecho a la libertad de información de los profesionales y el de la población a ser informada de asuntos de interés público. Da la razón así a la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía que en febrero de 2018 presentó un recurso ante este Tribunal por la negativa de la cárcel de Córdoba a conceder a un periodista de eldiario.es una entrevista con un preso dentro de prisión.

El 26 de enero de 2017 el Centro Penitenciario de Córdoba denegó la solicitud de entrevista del preso alegando que no existía motivación que justificara la necesidad de dicha comunicación, ni existían garantías suficientes que aseguraran el mantenimiento de la seguridad y buen orden del establecimiento. Tanto el Juzgado de Vigilancia Penitenciaria como la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Córdoba desestimaron los recursos interpuestos desde el área de Cárceles de la APDHA contra la resolución de la prisión.

“Consideramos que el derecho que estaba en juego era el derecho a la libertad de información en un sentido amplio, no se trataba solo de ejercer la libertad de expresión dentro de la prisión, sino sobre todo de comunicar a la opinión pública lo que ocurre en el interior de las prisiones”, afirma Valentín Aguilar, coordinador de la asociación y letrado del caso.

El recurso cobra especial trascendencia, a juicio del Constitucional, por tratarse de una cuestión de la que “no hay doctrina de este tribunal”, afirma la sentencia, razón por la que en enero del año pasado admitió a trámite la demanda interpuesta por la APDHA.

Se da la circunstancia de que el periodista realizó una primera entrevista al preso accediendo al centro penitenciario como una visita regular lo que, una vez publicada la entrevista, le valió al preso una sanción que consistió en la privación durante un mes de paseos y actos recreativos comunes. Ello, según ambas asociaciones, demostraba que las personas presas no tenían derecho a informar ni los profesionales de la comunicación a recabar de ellos información por el hecho de estar recluidos. A pesar de ello, comentan, la Constitución Española establece que este derecho no podrá ser vulnerado por el hecho de estar privado de libertad. En la sentencia el Tribunal Constitucional censura que se intentara impedir la difusión de críticas a la situación de las cárceles.

A juicio del Alto Tribunal, que el acceso de profesionales a prisión no esté regulado no significa que no esté permitido, sino todo lo contrario: “el silencio no puede entenderse como libertad para restringir a su antojo esos derechos”. De igual forma, afirma, que no basta para denegar una comunicación decir que existe peligro para “la seguridad y buen orden del centro”.

Por ello, la Sala Segunda del Tribunal Constitucional destaca en la sentencia que negar el permiso al periodista se puede interpretar como una “reacción por haber ejercido esas libertades en un sentido que no fue del agrado de la dirección del centro penitenciario, siendo su verdadera finalidad evitar una nueva publicación cuyo contenido pudiera volver a disgustarlo”.

El Alto Tribunal recuerda que “el control previo de contenidos no está amparado constitucionalmente” y que el acuerdo del Centro Penitenciario de Córdoba queda nulo por vulnerar sus derechos a “expresar y difundir libremente los pensamientos, ideas y opiniones mediante la palabra, el escrito o cualquier otro medio de reproducción y a comunicar libremente información veraz por cualquier medio de difusión”, así como los autos del Juzgado de Vigilancia Penitenciaria y de la Audiencia Provincial de Córdoba que lo avalaron. Las asociaciones recuerdan que ya el Defensor del Pueblo recomendó a Instituciones Penitenciarias, en octubre de 2018, que regulara y posibilitara el acceso de periodistas a las cárceles.

Desde el área de Cárceles de la organización de derechos humanos celebran el fallo del Constitucional. “Esta sentencia es muy importante porque reconoce algo que llevábamos años denunciando, la vulneración de los derechos de las personas privadas de libertad y la opacidad a la hora de saber lo que ocurre dentro de prisión”, sostiene el coordinador de APDHA. “Esperamos que este rapapolvos del Tribunal Constitucional contribuya a reducir la persecución de la Administración Penitenciaria contra quienes denunciamos las vulneraciones de derechos humanos en los centros penitenciarios”.

Por su parte, la Asociación de la Prensa de Sevilla (APS), que, junto a la APDHA, ya llevó este caso ante el Defensor del Pueblo de España, ha destacado la enorme trascendencia y relevancia de esta sentencia. El presidente de la APS, Rafael Rodríguez, ha manifestado que el fallo del Constitucional consagra tres valores fundamentales e irrenunciables: la libertad de expresión de toda persona, la libertad de información veraz de los periodistas y el derecho de la ciudadanía a recibir esa información y el pensamiento y las ideas expresadas por cualquier individuo.

Rodríguez ha resaltado que esta sentencia, contundente y sin precedentes, supondrá un freno a todos los poderes que, cada vez más, intentan limitar la libertad de información, “que está más amenazada que nunca”. “Todo poder -ha añadido- teme a la libertad de expresión y de información, las considera sus grandes enemigos. Todos sacan pecho en defensa de una supuesta defensa de estas libertades y todos intentan silenciarlas. Tras los fundamentos rotundos de este fallo, la APS estudia llevar al Tribunal Constitucional dos casos que afectan directamente a los profesionales del periodismo: las ruedas de prensa sin preguntas y el veto a periodistas y medios de comunicación.

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