FAPE| 20 de marzo de 2024
La Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE), ante las actuaciones ejercidas desde los servicios de la Comunidad de Madrid, manifiesta la condena de esos hechos que lo único que persiguen es intimidar a los profesionales de la información y amordazar la libertad de prensa. Ese es el objetivo que persigue la Comunidad de Madrid difundiendo la identidad y una fotografía de dos periodistas de El País , insinuando falsamente una conducta delictiva de estos informadores en un momento en que Isabel Díaz Ayuso, presidenta regional, está siendo cuestionada por el presunto fraude fiscal que ha confesado su pareja, Alberto González Amador.
Pero no han sido los únicos. Una semana después de amenazar con “triturar y cerrar” a elDiario.es, Miguel Ángel Rodríguez, jefe de gabinete de la presidenta de la Comunidad de Madrid ha filtrado una información falsa, según la cual, periodistas encapuchados del medio dirigido por Ignacio Escolar intentaron entrar “por la fuerza” en una vivienda de la presidenta madrileña. Tampoco podemos olvidar las graves acusaciones de Rodríguez contra Silvia Intxaurrondo, acusándola de cobrar en B, algo que la propia periodista de Televisión Española ha desmentido con un comunicado pidiendo a todos los medios que lo publicaron que se retractaran.
Es intolerable que se intente amedrentar a los profesionales de la información en el ejercicio de su labor, que no es otra que la de informar verazmente sobre hechos de interés público. En los últimos tiempos, estamos presenciando determinados comportamientos impropios de una sociedad democrática, en los que las amenazas y coacciones a periodistas; los bulos y las informaciones falsas para restar credibilidad a los medios y sus profesionales; y la complicidad de otros “medios de comunicación”, “periodistas” y actores mediáticos, colaboradores necesarios para que se difundan este tipo de noticias falsas que atacan directamente a la libertad de prensa, han pasado a ser la norma.
No se silencia la verdad amenazando a periodistas. Desde la FAPE, además de repudiar este tipo de conductas, ponemos a disposición de los periodistas y medios de comunicación agraviados nuestros servicios jurídicos para emprender cuantas acciones legales consideren oportunas en la vulneración de sus derechos, e instamos de nuevo a los representantes públicos, independientemente de su ideología, a que cesen el acoso contra periodistas y respeten su labor profesional, amparada por la Constitución. Asimismo, hacemos un llamamiento para terminar con la crispación política.
La APAB se suma a la condena de FAPE ante estos graves hechos.