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En un comunicado difundido este lunes, la API y la FAPE manifiestan su “rechazo absoluto” a la decisión del Juzgado de Instrucción número 27 de Madrid de abrir juicio oral e imponer una fianza de más de 422.000 euros al periodista Carlos Sosa, socio de la API y de la Asociación de la Prensa de Las Palmas, que también ha emitido un comunicado de repulsa ante la resolución judicial.  Al mismo, se ha adherido este domingo la Asociación de la Prensa de Tenerife.

Tanto la FAPE como API recuerdan que la jueza María Ángeles Velázquez, en un auto contrario a la posición de la Fiscalía, ha decidido abrir juicio oral contra el director de Canarias Ahora, cabecera asociada a elDiario.es, por una querella del exjuez corrupto, condenado y encarcelado Salvador Alba. “La magistrada ha asumido buena parte de los postulados de la querella de Alba, según se puede comprobar en el auto, y deja el caso en manos de un juzgado de lo penal para que celebre un juicio por varios delitos de revelación de secretos, odio y acoso, sin organización criminal”, destaca.

Sin embargo, en el mismo caso, la Fiscalía “ha sido clara” y ha avalado las informaciones de Canarias Ahora sobre Alba: “Constituyó el ejercicio legítimo de su derecho fundamental a la libertad de información” ya que se difundieron noticias “de relevancia pública” con datos que “atañen exclusivamente a los hechos noticiables”. A pesar de la posición del Ministerio Público, la jueza ha decidido imponer una fianza de 422.500 euros al periodista, que se enfrenta a una posible pena de 23 años de cárcel.

“Esta decisión judicial genera una profunda preocupación en la API y la FAPE por el riesgo que supone para la libertad de información la falta de ponderación entre el derecho a informar libremente y el amparo a una acusación por delitos de revelación de secretos, odio y acoso, así como que una jueza pueda imponer una fianza tan elevada, en contra del criterio de la Fiscalía, y, de esta manera, asfixiar económicamente a un medio y a un periodista que han desarrollado de forma legítima y veraz su labor periodística, tal y como marca la Constitución Española”, subrayan en el comunicado.

En el escrito, las asociaciones recuerdan que Salvador Alba fue encarcelado y expulsado de la carrera judicial después de ser condenado en firme a seis años y medio de prisión. La Justicia condenó al exmagistrado por utilizar su posición en la judicatura para conspirar contra la también magistrada Victoria Rosell y acabar con su entonces incipiente carrera política en Podemos.

Además, según el propio Tribunal Supremo, Alba intentó inculpar en una causa judicial a Rosell y Sosa, su pareja, a través de la manipulación de la declaración de un empresario, Miguel Ángel Ramírez. El objetivo era que alguna acción judicial contra la magistrada, ya fuera una querella del ministro José Manuel Soria o una investigación de la Fiscalía, saliera adelante y cortara su trayectoria pública.

Estas maniobras, recuerdan las asociaciones, supusieron que Rosell abandonara la política pese a que nunca fue imputada. No obstante, la conspiración de Alba fue descubierta y el exmagistrado entró en prisión en octubre de 2022 después de ser condenado por prevaricación, cohecho y falsedad documental.

Unos meses después de ingresar en prisión, el exjuez Alba y su esposa denunciaron las informaciones que se publicaron sobre este caso en el medio Canarias Ahora. Así, presentaron una querella contra elDiario.es, su delegación Canarias Ahora, dos redactores, Carlos Sosa, Victoria Rosell y el director del periódico, Ignacio Escolar.

En un proceso como el que nos ocupa, en el que la juez asume los postulados de Alba contra Sosa por supuestos delitos de revelación de secretos, odio y acoso, la imposición de una elevada fianza para “asegurar las presuntas responsabilidades pecuniarias” supone de facto un claro ataque a la libertad de información. Además, ha impuesto al periodista y socio de la API una fianza de 422.500 euros. 

Al respecto, en su momento, la FAPE logró que la Ley de Enjuiciamiento Civil contemplara la no ejecución provisional de los pronunciamientos de carácter indemnizatorio de las sentencias que declaren la vulneración de los derechos al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen. Ello para evitar que una sentencia no firme pudiera impedir el libre ejercicio de la libertad de información.  

“Desde las asociaciones profesionales exigimos que se respete el derecho a la libertad de información y rechazamos que se intente asfixiar el periodismo libre”, concluye el comunicado.