FAPE | 18 de marzo de 2025
Las organizaciones recuerdan que la Constitución protege el secreto profesional de los periodistas y el derecho a no revelar sus fuentes
La Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE) y la Asociación de la Prensa de Madrid (APM) expresan su profunda preocupación por la decisión del titular del Juzgado de Instrucción número 20 de Madrid de citar como investigados a cuatro redactores de El País, El Mundo y 20 Minutos por difundir el contenido de un informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en relación con el caso que afecta al fiscal general del Estado.
El juez imputa a los periodistas por revelación de secretos al dar a conocer el informe sobre el teléfono móvil y el correo electrónico de la fiscal jefa provincial, Pilar Rodríguez, investigada en el Tribunal Supremo, tras el registro en su despacho el pasado 30 de octubre. Rodríguez se quejó al instructor de la causa, el magistrado Ángel Hurtado, por las filtraciones del informe a la prensa. Este lo derivó al decanato de los juzgados de Madrid y el asunto recayó en el Juzgado número 20, que citó a los informadores como investigados para el próximo 19 de junio.
La APM y la FAPE muestran su respeto a la independencia del poder judicial, pero recuerdan que las decisiones que se adopten no pueden poner en peligro el secreto profesional de los periodistas y su derecho a no revelar las fuentes a través de las cuales han conocido la información que ha publicado. Se trata de un derecho recogido en el artículo 20 de la Constitución Española y es uno de los pilares fundamentales en un Estado democrático.
Asimismo, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, cuyas decisiones deben respetar las autoridades judiciales españolas, ha establecido reiteradamente que las garantías de la libertad de prensa no decaen, aunque la fuente del periodista haya violado algún deber de secreto. El mismo tribunal ha condenado en varias ocasiones a distintos Estados por actuaciones de este tipo, entre ellas, investigar a periodistas o registrar sus despachos por publicar informaciones obtenidas a través de filtraciones supuestamente ilegales.
Estas asociaciones hacen un llamamiento al juez para que reconsidere su decisión. En cualquier caso, la FAPE y la APM respaldarán a los periodistas citados como investigados en su derecho a no dar a conocer las fuentes por las que pudieron acceder a un informe que resulta de interés para sus lectores. El mencionado informe está considerado como la pieza clave en la instrucción abierta en el Supremo, ya que contenía los mensajes intercambiados entre el fiscal general de Estado, Álvaro García Ortiz, y la fiscal Rodríguez el día en el que se publicó el correo del abogado de Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y cuya filtración considera delictiva el Alto Tribunal.
