Ha sido un juicio histórico, en el que por vez primera se sentaba en el banquillo un juez imputado por prevaricar al ordenar la requisa de móviles y ordenadores de periodistas, en violación del derecho fundamental de la protección de las fuentes periodísticas, recogido en el Artículo 20 de la Constitución. Pero la Fiscalía, actuando ostentosamente como abogada defensora del magistrado Miquel Florit, intentó convertirlo en una causa general contra el derecho de la prensa a informar sobre el contenido de los procedimientos judiciales.