APAB | 07 de abril de 2025
La LXXXIV Asamblea General de la Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE), celebrada este pasado fin de semana en Cádiz, respaldó por unanimidad la propuesta presentada por la Asociación de Periodistas de Albacete (APAB) para instar a las administraciones públicas a regular la contratación de profesionales titulados en Periodismo o Comunicación Audiovisual para desempeñar funciones de comunicación institucional.
La resolución, apoyada sin fisuras por las delegaciones de asociaciones de periodistas procedentes de todo el país, parte del reconocimiento del papel fundamental que desempeña la comunicación institucional en el funcionamiento democrático, la transparencia y el derecho de la ciudadanía a una información veraz y rigurosa y, en este sentido, se subraya la necesidad de que estas tareas sean desarrolladas por profesionales debidamente cualificados.
En la actualidad, advierte la resolución, muchas administraciones designan a personas sin formación específica en comunicación para estos puestos, lo que compromete la calidad informativa, favorece la precarización laboral y supone un agravio comparativo para quienes han cursado estudios en Periodismo o Comunicación Audiovisual. Por ello, y a propuesta de la delegación albaceteña, la Asamblea General de la FAPE ha acordado instar a las administraciones públicas a exigir la titulación específica para cubrir cualquier puesto relacionado con la comunicación institucional, ya sea mediante procesos selectivos, convocatorias públicas o contratación de personal eventual. Asimismo, se exhorta a los sindicatos del sector público a incluir esta exigencia en los convenios laborales y a los partidos políticos a impulsar iniciativas legislativas que garanticen su cumplimiento.
Además, la resolución aprobada reclama una revisión de las Relaciones de Puestos de Trabajo (RPT) en los distintos niveles de la administración para que incluyan plazas para periodistas y que estas sean correctamente definidas y no agrupadas bajo categorías genéricas como “técnicos” o “asesores”.
En virtud de la resolución aprobada, la Junta Directiva de la FAPE trasladará estas reclamaciones a las principales instituciones del Estado, incluyendo el Gobierno, el Congreso, el Senado y las asambleas autonómicas, con el fin de promover los cambios normativos necesarios.
