Esta decisión, contra la que se advierte que no cabe recurso por la vía administrativa, al tratarse de un «acto de trámite no cualificado», lo que parece anormal y contrario a Derecho, se produce a pesar de haber sido previamente incluidas por la Administración en la bolsa de trabajo de reserva de dicha especialidad, conformada por los candidatos participantes en las Oposiciones de Secundaria celebradas en junio de 2018 que no superaron la prueba -ordenados por la nota obtenida-, y después de haberles sido adjudicados puestos de trabajo en régimen de interinidad para el periodo comprendido entre el 14 de enero y el 30 de junio de 2019.
Un mes después de incorporarse a su puesto se les advierte de la revisión de oficio para comprobar que cuentan con la titulación requerida y, tres semanas más tarde, se les informa por teléfono que deben abandonar su puesto de trabajo, advirtiendo que podrían causar daños “de imposible o difícil reparación a los alumnos y a la propia Administración Educativa».
Este es un caso sangrante de la diferente interpretación con que se viene aplicando el Real Decreto 860/2010 que impide ejercer como profesores de estas asignaturas a profesionales de carreras que no estén adscritas a Humanidades (Periodismo pertenece a Ciencias Sociales).
Es inconcebible desde todo punto que la Administración educativa dé luz verde para el desempeño de una labor docente y, a los dos meses, tome la decisión contraria, ocasionando grave perjuicio a las personas a través de un tratamiento injusto, sin tener derecho a un plazo de alegaciones o a la posibilidad de aportar su expediente académico para que se pudiera comprobar que cuentan con un gran número de créditos correspondientes a asignaturas en la carrera directamente relacionadas con el currículo de Secundaria y Bachillerato.
También se han registrado decenas de casos de los profesionales titulados en Periodismo y Ciencias de la Comunicación que cumplían los requisitos exigidos para impartir las asignaturas de Lengua Castellana y Literatura y Lengua Extranjera en centros concertados y privados, en los niveles de ESO y Bachillerato, que han sido expulsados o ven cerradas sus opciones de acceder a un puesto de trabajo en la mayoría de las comunidades españolas.
La FAPE, que forma parte de la Plataforma de Periodistas Vetados en Educación, lamenta la actitud que están teniendo tanto la Administración central como las autonómicas y los partidos políticos ante un problema que afecta a centenares de periodistas docentes, teniendo en cuenta que el máster oficial ofertado por algunas universidades, tanto públicas como privadas, que habilita para el ejercicio docente, contempla como vía preferente para los periodistas y licenciados/graduados en Ciencias de la Comunicación la especialización en Lengua y Literatura y Lenguas Extranjeras.
Ni el anterior ministro de Educación, Íñigo Méndez de Vigo, ni la actual titular del departamento, Isabel Celaá, han querido profundizar en el asunto para buscar una solución al problema, pese a las buenas palabras del primero. La también portavoz del Gobierno que preside Pedro Sánchez, pese a confirmar la celebración de un encuentro, en dos ocasiones, aunque sin perfilar fecha, no ha considerado conveniente mantenerlo, bien ella o algún alto cargo de su Ministerio.
Lo mismo ha ocurrido con los diferentes grupos políticos que, en algunos casos, prometieron presentar iniciativas. Tan solo Ciudadanos registró una proposición no de ley que ha decaído con la disolución de las Cortes Generales por la convocatoria de elecciones.
Teniendo en cuenta que consideramos inadmisible que un graduado o licenciado en Comunicación, no esté habilitado para impartir la asignatura de Lengua Castellana y Literatura, a diferencia de los grados de Humanidades, algunos de los cuales apenas cuentan con asignaturas relacionadas con la materia, y ante este bloqueo de lo que se entiende como una situación injusta y llena de lagunas que deben resolverse por la vía política para modificar el Real Decreto, la FAPE ha planteado la correspondiente queja ante el Defensor del Pueblo, a la que ya se ha asignado número de registro.
Entre las incongruencias que rodean este tema se da el caso de que la Secretaría General de Universidades del Ministerio de Educación certificó, el 9 de junio de 2017, que el título de licenciado en Periodismo y el certificado de aptitud pedagógica obtenidos por una personas «se ajustan a la definición establecida en el artículo 3.1 a) y al nivel de cualificación 11 c) de la Directiva 2005/36/CE». Lo que no permite en España.
Asimismo, se pide que se tenga en cuenta el Dictamen del Consejo Escolar de Estado 2/2015 en el que señala lo siguiente: «Teniendo en cuenta el currículo de estas materias y las asignaturas que conforman el plan de estudios de Periodismo, se considera la formación inicial de estos licenciados para impartir ‘Lengua y Literatura Castellana’ y ‘Literatura Universal’”.
Una vez más nos preguntamos si la profesión y la titulación carecen de prestigio, ¿por qué permite la Administración que se sigan ofertando titulaciones de Periodismo y Comunicación en las Universidades españolas?
