La Secretaría General de Instituciones Penitenciarias ha regulado por primera vez cómo pueden llevarse a cabo las entrevistas de los medios de comunicación con los internos en el interior de las cárceles, tras la reciente sentencia del Tribunal Constitucional en la que se ampara el derecho de la población reclusa a ejercer su derecho a la libertad de expresión y las recomendaciones formuladas por el Defensor del Pueblo en esta materia.