lavanguardia.com – 29/01/2020
Entre las entidades de defensa de la libertad de expresión y el derecho a la información que han realizado esta petición se hallan Article 19, European Centre for Press and Media Freedom (ECPMF), Freemuse International Press Institute (IPI), Access Info Europe, Federación de Sindicatos de Periodistas (FeSP), Grupo de investigación ‘Regulación jurídica y participación del ciudadano digital’ de la Universidad Complutense de Madrid (UCM), y la Plataforma en Defensa de la Libertad de Información (PDLI).
Varias organizaciones internacionales han instado al Gobierno de España a que acepte las 20 recomendaciones sobre libertad de expresión formuladas por otros Estados miembros durante el tercer ciclo del Examen Periódico Universal (EPU) sobre la situación de los Derechos Humanos de España, que tuvo lugar el pasado 22 de enero en Ginebra.
Entre las entidades de defensa de la libertad de expresión y el derecho a la información que han realizado esta petición se hallan Article 19, European Centre for Press and Media Freedom (ECPMF), Freemuse International Press Institute (IPI), Access Info Europe, Federación de Sindicatos de Periodistas (FeSP), Grupo de investigación ‘Regulación jurídica y participación del ciudadano digital’ de la Universidad Complutense de Madrid (UCM), y la Plataforma en Defensa de la Libertad de Información (PDLI).
En el comunicado conjunto, las organizaciones indican que la mayoría de las recomendaciones instan al Gobierno español a despenalizar la difamación, derogar las leyes restrictivas por ofensas religiosas y enmendar las limitaciones indebidas al derecho de reunión pacífica.
Además, destacan que las recomendaciones de esos Estados se centran en la necesidad de garantizar que la protección del derecho a la libertad de expresión y la libertad de reunión cumpla con las normas internacionales y europeas sobre Derechos Humanos.
En particular, han detallado que destacan la necesidad de reformar el Código Penal español, la Ley Orgánica de Protección de la Seguridad Ciudadana (conocida como ‘Ley Mordaza’) y el Real Decreto Ley 14/2019 por el que se adoptan medidas urgentes por razones de seguridad pública en materia de administración digital, contratación del sector público y telecomunicaciones (conocido como «Decretazo Digital»), que actualmente no cumplen con los estándares internacionales.
«Instamos al Gobierno español a aceptar todas las recomendaciones relacionadas con la libertad de expresión que hicimos en nuestros propios informes paralelos del EPU sobre estos temas, presentados antes de la revisión», han apuntado.
En este sentido, reiteran la Observación general número 34 que recuerda que el principio de seguridad nacional no puede utilizarse para «suprimir información de interés público legítimo que no perjudique la seguridad nacional, para evitar que el público acceda a esta información o para procesar a periodistas (…)»; y establece que «el Artículo 19, párrafo 2, incluye el derecho de acceso a la información en poder de los organismos públicos».
«Nos complace que la reforma de esta ley haya sido anunciada por el Gobierno recientemente formado en España en su manifiesto político y haremos un seguimiento de las autoridades españolas para garantizar que las preocupaciones relacionadas con la libertad de expresión se incluyan como parte de su revisión», han avisado.
