www.rsf-es.org - 01/12/2022
En los últimos años, digitales como ElDiario.es, infoLibre o El Confidencial se han enfrentado a procedimientos judiciales intimidatorios, con un desgaste elevado. Las SLAPP (Strategic Lawsuits Against Public Participation) por presuntos delitos de revelación de secretos o atentados al honor proliferan en Europa como instrumento para amedrentar a medios y redactores, a menudo vulnerables.
Cuando Daphne Caruana fue asesinada con una bomba adherida a su coche, el 16 de octubre de 2017, tenía abiertos 47 litigios contra ella en los tribunales de Malta, la mayoría por supuestos delitos de difamación. El prestigioso diario polaco Gazeta Wyborcza se enfrenta actualmente a decenas de demandas abusivas por parte del partido ultraconservador en el poder. El multimillonario empresario francés Vincent Bolloré utiliza frecuentemente estrategias de acoso judicial contra periodistas para tratar de silenciarlos. Las maniobras de litigios abusivos proliferan en países como Italia, Croacia, Eslovenia y también España.
En 2021, la plataforma Media Freedom Rapid Response, documentó 439 alertas de ataques a la prensa en la UE, de los cuales el 22% tuvieron consecuencias legales. El último informe de la red del Consejo de Europa para la Protección y la Seguridad de los Periodistas, también advierte de que las SLAPP se extienden en Europa. Los demandantes pueden provenir del sector privado (empresas), pero a menudo del público (partidos políticos o autoridades) y casi siempre basan sus denuncias en presuntos delitos relacionados con el derecho al honor (como la difamación), la lucha antiterrorista, la seguridad nacional o la revelación de secretos.
Esta última imputación es especialmente frecuente en España. En 2016, dos periodistas de ABC fueron acusados por la Fiscalía de Madrid de revelación de secretos; ese mismo año, otros dos periodistas del grupo Vocento fueron denunciados por el mismo delito, por un diputado regional del PP. En 2018, la entonces presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, demandó también por presunta revelación de secretos al director de ElDiario.es, Ignacio Escolar, y a la redactora del medio Raquel Ejerique, en un proceso que duró tres años y se saldó con el archivo de la causa. El medio había publicado una larga investigación, ya conocida como “caso Master”, que demostró que la ex presidenta madrileña obtuvo un título de postgrado de forma fraudulenta. Este escándalo forzó su dimisión.
infoLibre: dos procesos encadenados
Mientras el sistema sanitario español estaba al borde del colapso por la pandemia, el diario digital infoLibre reveló, el 7 de junio de 2021, que el presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras, había intercedido para acelerar la intervención quirúrgica de un familiar del entonces secretario general y número dos del Partido Popular, Teodoro García Egea. El medio tuvo acceso a la grabación de una cámara que demostraba el diálogo entre ambos para favorecer a este allegado de García Egea, cuyos datos siempre se protegieron.
La reacción a esta exclusiva fue rápida y virulenta: “tras recibir un burofax amenazante, llegó la denuncia por revelación de secretos. Todo en cuestión de horas, lo que denota una rápida movilización de recursos y una capacidad notable para litigar. Semanas después, el juzgado emitió una citación en calidad de investigados para infoLibre, como medio, y para Alicia Gutiérrez, como periodista que firmaba la información”, explica a RSF España el director del medio, Daniel Basteiro. “Mientras el PP nos acusaba a través de todos sus altavoces de publicar información falsa, sin aclarar cuál lo era, a la vez reconocía con una denuncia por revelar secretos que esos mensajes se habían producido”, añade.
El medio y la autora de la información fueron acusados de un delito que puede ser castigado con hasta cinco años de cárcel. “Nadie nunca, hasta hoy, ha desmentido una coma, ni una palabra de la información inicial, tratada con diligencia profesional. Se hicieron al menos media docena de contactos con la Región de Murcia, con el PP y su número dos, García Egea, sin que, en ningún momento, proporcionasen una versión para publicar. La información se trabajó durante días, con la consulta de múltiples fuentes, y después vinieron otras, jamás desmentidas”, afirma el director de infoLibre.
Doctrina constitucional a favor del derecho a informar
Un año después, la justicia dio la razón al medio, apoyándose en la doctrina constitucional española, que indica que debe prevalecer el derecho a la información siempre que la noticia publicada cumpla dos requisitos: ser veraz y de interés público. “La Fiscalía nos dio la razón. El juez instructor nos dio la razón. Ellos recurrieron y la Audiencia Provincial nos dio la razón”, recalca Daniel Basteiro.
infoLibre, un medio independiente, financiado en buena medida por sus suscriptores, con recursos limitados y reputado por su periodismo de investigación no tardó, sin embargo, ni un año y medio en verse de nuevo inmerso en otro proceso. En septiembre de 2022, el ex candidato de Vox a la presidencia de Andalucía, el juez Francisco Serrano, se querelló contra infoLibre y contra el redactor Ángel Munárriz, de nuevo por presunta revelación de secretos. “infoLibre desveló en exclusiva que Francisco Serrano y un socio constituyeron una sociedad atribuyéndole, ante un notario de Sevilla, una maquinaria que no tenían, al objeto de inflar su capital social. Esta falsedad les permitió engañar al Ministerio de Industria y obtener 2,4 millones de euros de una ayuda pública que no ha sido devuelta”, explica Ángel Munárriz.
Las informaciones publicadas por el periodista sobre este caso llevaron a la apertura de investigaciones policiales y judiciales, que no solo las han ratificado, sino que se han saldado con la imputación por fraude de Francisco Serrano, su dimisión como diputado y presidente del grupo parlamentario en Andalucía, su renuncia a todos los cargos en Vox y el embargo de sus bienes. La represalia del juez Serrano contra infoLibre y Ángel Munárriz ha sido una querella, cuyos fines enumera con claridad el periodista: “en primer lugar, pretende amedrentar al medio y a mí mismo, así como a posibles fuentes del periódico, para lograr una reducción de la cobertura del caso. Luego, persigue disuadir a otros medios de seguir un tema que ha comportado una denuncia por un delito castigado con cárcel. Además, intenta conseguir que el caso ya no parezca lo que es –una investigación penal por un posible fraude de subvenciones a una persona de relevancia pública–, sino un enfrentamiento entre dos partes. Por último, el fin es desacreditar a infoLibre, presentándolo como un medio ideologizado y movido por intereses espurios, negando su condición de medio solvente, especializado en artículos en profundidad e investigación, lo cual constituye la base de su oferta”. El procedimiento se encuentra en fase de instrucción en un juzgado de Sevilla.
“En la mayoría de los ‘procesos mordaza’ contra medios y/o periodistas en España, el fin último no es tanto la cárcel, pues hay una doctrina del Tribunal Constitucional muy protectora para con el derecho a la información, como el amedrentamiento. El objetivo es silenciar, asustar y promover la autocensura no solo del medio y los redactores afectados, sino de otras publicaciones, además de erosionar los recursos humanos, económicos, de tiempo y hasta psicológicos de los demandados. España debe dotarse de instrumentos legales que castiguen el uso de la justicia con fines intimidatorios contra la prensa”, afirma Edith Rodríguez Cachera, vicepresidenta de RSF España.
El Confidencial: 17,5 millones de euros por informar
El 8 de febrero de 2022, el diario digital El Confidencial sorprendía a sus lectores con un impactante titular que afectaba al propio medio: la compañía eléctrica Iberdrola había presentado una demanda millonaria contra Titania, grupo editor del periódico, y contra los tres autores de las noticias que, desde hacía dos años, habían puesto en jaque al poderoso presidente del gigante eléctrico español, Ignacio Sánchez Galán, por las supuestas gestiones con el ex comisario Jose Manuel Villarejo para que éste realizase presuntos espionajes a políticos y empresarios. El caso está siendo objeto de una investigación judicial en la Audiencia Nacional.
La indemnización solicitada por Iberdrola se eleva a 17,5 millones de euros, por un presunto atentado contra su honor. “Nuestra facturación rondará, en 2022, los 23 millones de euros, así que la demanda asciende al 70% de nuestro volumen de negocio; de salir adelante, significaría nuestra muerte”, sentencia Carlos Sánchez, director adjunto de El Confidencial.
El medio confía, sin embargo, en que el procedimiento no prospere y tiene indicios favorables para ello: el juicio se celebró el 15 de septiembre en Bilbao y la actitud de la fiscalía fue positiva a favor de El Confidencial, pues solicitó el archivo de todas las diligencias. “Estamos a la espera de la decisión del juez y confiamos en que vaya en la misma dirección que la del fiscal, que razona que en un caso judicializado en el que la compañía está imputada, el daño reputacional no lo comete el medio, sino la propia investigación judicial”, explica Sánchez.
El supuesto delito contra el honor que atribuye Iberdrola a El Confidencial se basa en sendos informes elaborados por las consultoras Álvarez & Marsal y Villafañe & Asociados, que cuantifican en algo menos de 1,5 millones de euros las doce informaciones más nocivas para la compañía, llegando así a la cifra final de 17,5 millones de euros. El director adjunto del periódico apunta a la subjetividad de estos estudios: “cabe preguntarse por el papel de estas empresas subsidiarias especialistas en reputación, que hacen informes de parte ad hoc para clientes que los encargan y los pagan”, afirma.
El Confidencial tiene la suerte de contar con una estructura accionarial sólida, solvente e independiente, que le permite bandear acciones judiciales caras en tiempo y dinero. Sin embargo, no se ha librado de las represalias: Iberdrola ha retirado toda su publicidad del medio. Tampoco ha caído en la autocensura, ni en una mayor agresividad contra la compañía. “No hemos cambiado nuestra actitud en nuestras informaciones sobre Iberdrola, en las que mantenemos la misma objetividad. Somos, de hecho, muy minuciosos con no cargar las tintas innecesariamente, para no dar un solo argumento a la parte contraria, pero en ningún caso nos autocensuramos”, dice Carlos Sánchez.
Erosión de recursos, desgaste personal y autocensura
No siempre es así, ni todos los medios tienen los mismos recursos. En el caso de infoLibre, el desgaste de encadenar dos demandas de políticos relevantes está pasando una factura elevada en tiempo, recursos e impacto personal. “Dedicamos centenares de horas a la revisión meticulosa de las informaciones, reuniones con la redacción para preparar la defensa, desplazamientos al juzgado, declaraciones, atención a otros medios y organizaciones… Nuestro abogado es externo y cobra una cuantía fija, pero, según sus cálculos, ha dedicado unas 65 horas a los dos casos, valoradas, como mínimo, en 6.000 euros. Y no hemos terminado, pues uno de los procesos está en curso”, detalla Daniel Basteiro.
¿Y el coste psicológico? ¿Cumplen las acciones judiciales abusivas su misión de desgaste y disuasión? “El hecho de pasar a formar parte del club de afectados por el ‘lawfare’ crea una sensación de vulnerabilidad en los trabajadores. La angustia ante cargos que pueden comportar la entrada en prisión, el riesgo reputacional de ser condenado, las dudas que inevitablemente surgen sobre si podría haberse hecho mejor o con menos exposición a un proceso judicial… Es evidente que estas denuncias siempre consiguen, en parte, su objetivo. La normalidad a la hora de valorar el interés público comienza a incorporar inevitablemente evaluaciones de riesgos, a veces inconscientes, que pueden ser el germen de la autocensura para evitar problemas, pérdidas de tiempo y energía”, explica el director de infoLibre.
La Comisión Europea presentó, el pasado abril, una propuesta de directiva para luchar contra las SLAPP y proteger a los periodistas y defensores de los derechos humanos, acogida con satisfacción por RSF. Entre otras medidas, prevé garantías procesales contra los “litigios mordaza” (como la no admisión a trámite por su carácter abusivo) y sanciones (como indemnizaciones por daños y perjuicios y multas disuasorias a los demandantes).
La organización lamenta, sin embargo, que esta directiva apunte solo a casos transfronterizos -como las investigaciones de consorcios de medios- y a los que se hallan en el ámbito civil, pues Bruselas carece de competencias para legislar sobre casos nacionales y de ámbito penal. Por ello, Reporteros Sin Fronteras insiste en que los Estados de la UE, incluida España, adopten las recomendaciones de la Comisión y aprueben legislaciones protectoras para con los periodistas y punitivas con quienes instrumentalicen la ley para criminalizar a los medios.
