El Gobierno recurre la indemnización a la familia Couso decretada por la Audiencia Nacional

elpais.com – J. J. Gálvez – 3/03/2020

El Gobierno recurre la indemnización a la familia Couso decretada por la Audiencia Nacional

El Gobierno de Pedro Sánchez ha decidido recurrir ante el Tribunal Supremo la indemnización impuesta por la Audiencia Nacional al Estado por abandonar a la familia del cámara de Telecinco José Couso, asesinado por militares estadounidenses en Irak en 2003, en su batalla legal en Estados Unidos. Según confirman fuentes jurídicas, la Abogacía del Estado ya ha comunicado que presentará alegaciones a la sentencia de la Sala de lo Contencioso-administrativo de la Audiencia, que concluyó que se debía pagar cerca de 182.000 a la esposa y descendientes del cámara de televisión por no haberles prestado ayuda diplomática. Según subrayó aquel fallo, del pasado 11 de diciembre, España “se limitó a recibir y aceptar las explicaciones ofrecidas por Estados Unidos”.

Esta decisión supone un nuevo revés a la familia del periodista asesinado en 2003 durante la guerra de Irak, cuando un carro de combate de Estados Unidos disparó un proyectil de 120 milímetros contra el hotel Palestina. Según la sentencia de la Audiencia Nacional, el Estado debe “reparar el daño causado”, ya que “no consta la realización de gestión alguna tendente, no ya al reconocimiento de la ilicitud del ataque, sino a la reparación de sus consecuencias patrimoniales de un modo razonable”. “Y ello, pese a las muy numerosas peticiones que al respecto se formularon por diversos grupos parlamentarios según consta en el expediente administrativo”, incidieron los magistrados de lo Contencioso-administrativo.

Según fuentes de Exteriores, se ha decidido recurrir por las implicaciones que puede tener la sentencia sobre la política exterior española. Pese a ser consciente del alcance político que tiene contestar una decisión favorable a la familia Couso, el ministerio lo ha hecho para evitar que siente un precedente, informa Lucía Abellán. Una sentencia que obliga al Estado a prestar asistencia diplomática a cualquier ciudadano, sea en el ejercicio de una labor pública o privada, condiciona mucho la labor exterior del país y puede incluso afectar a las relaciones bilaterales con otros Estados, según este razonamiento. “Abre de una manera tan extensiva el derecho de protección consular que es inasumible para el Estado”, ha dicho este martes la ministra de Asuntos Exteriores, Arancha González Laya, que ha asegurado que se reunió con la familia hace unos días para avanzarles el recurso.

La Abogacía del Estado, que depende jerárquicamente del Ejecutivo, ya se opuso en la Audiencia Nacional a la indemnización. Los servicios jurídicos del Gobierno alegaron que en el caso de la muerte de Couso “no concurre la relación de causalidad necesaria entre el daño sufrido y la actuación del Estado español”. “La razón estribaría en que el ejercicio de la protección diplomática no constituye, según el derecho internacional, un deber del Estado sino que este goza de una amplia discrecionalidad para ejercitarla o no”, argumentó el Ejecutivo. En aquella fase del proceso, el Estado llegó a pedir, incluso, reducir a 21.315,56 euros la cuantía a abonar a los familiares si ganaban la causa.

Pero los magistrados rechazaron esa tesis e insistieron en que el asesinato de Couso se produjo en unas circunstancias que “constituyen un ilícito internacional”. “Y la Administración española estaba obligada a desenvolver la actividad necesaria para promover ante el Estado infractor la reparación del daño causado de modo ilícito, lo que no hizo ni en los momentos subsiguientes al fallecimiento ni hasta la fecha”, subrayaron los jueces en su resolución. España sí lo hizo, en cambio, en otros casos anteriores: el Ejecutivo de Felipe González reclamó a Washington que indemnizara a la familia de Juantxu Rodríguez, un fotógrafo abatido en 1989 por marines en Panamá cuando cubría para EL PAÍS la invasión de aquel país por tropas norteamericanas.

Por ello, la sentencia de la Audiencia Nacional del pasado diciembre criticó que España aceptase que EE UU se limitase a afirmar que el “ataque al hotel Palestina se encontraba justificado y que el fallecimiento de Couso fue un lamentable accidente”. Pese a que la instrucción de la Audiencia Nacional ya descartó que “los periodistas ubicados en el hotel pudieran ser confundidos con ojeadores, tiradores o grupos de tiradores del enemigo” —“el carro de combate contaba con elementos de visión con los cuales se podía apreciar con total claridad a las personas que se encontraban en ventanas y balcones del hotel y los objetos que portaban”—. Además, el ejército norteamericano sabía que en ese edificio pernoctaban los reporteros.

“Confiemos en que el Gobierno, a través de la Abogacía del Estado, tenga la decencia de no formalizar el recurso anunciado. Está a tiempo rectificar”, ha denunciado el colectivo de abogados Red Jurídica, que representa a la familia en su batalla legal, tras conocer la decisión del Ejecutivo de Sánchez (PSOE). “¿Gobierno del ‘cambio’? ¡Ja! Igual de genuflexos ante EE UU que el PP”, ha escrito también en Twitter uno de los hermanos del cámara de televisión asesinado.

Los Couso lograron esta victoria en la jurisdicción contencioso-administrativa después de que el Gobierno de Mariano Rajoy (PP) cerrara la puerta a la vía penal al recortar la justicia universal. Una reforma de los conservadores, avalada después por el Tribunal Constitucional, que obligó a la Audiencia Nacional a archivar la causa aunque veía la posible existencia de un delito. Este proceso se encuentra ahora a la espera de que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) se pronuncie sobre el recurso que ha presentado la familia del reportero.

La FAPE se une a la FIP, a la que pertenece, en la condena al asesinato de la locutora mexicana Teresa Aracely Alcocer

FAPE – 21/02/2020

La FAPE se une a la FIP, a la que pertenece, en la condena al asesinato de la locutora mexicana Teresa Aracely Alcocer
El verdadero nombre de “Bárbara Greco” era Teresa Aracely Alcocer Carmona FOTO: heraldodemexico.com.mx

La Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE) se une a la Federación Internacional de Periodistas (FIP), a la que pertenece, y a su afiliado, el Sindicato Nacional de Redactores de Prensa (SNRP), en la condena al asesinato de la locutora Teresa Aracely Alcocer en Chihuahua (México). Las tres organizaciones profesionales exigen a las autoridades que garanticen la vida y la seguridad de los colegas de la zona, así como el pronto esclarecimiento de lo ocurrido y la condena a los responsables.

Medios locales confirmaron el asesinato de Teresa Aracely Alcocer, conocida públicamente como “Bárbara Greco”. Trabajaba como locutora de radio en La Poderosa, estación local de la colonia El Barreal y tenía 37 años.

De acuerdo con Julio Castañeda, portavoz de la Fiscalía Especializada en Investigar Violencia contra las Mujeres por  Razones de Género (FEM), la joven fue asesinada por varios sujetos armados en el cruce de las calles Honduras y 20 de Noviembre, en Ciudad Juárez, una de las ciudades fronterizas entre México y Estados Unidos con alta presencia del crimen organizado.

Si bien aún se espera la entrega de documentos oficiales de la víctima, el cuerpo ya fue reconocido en una primera instancia, lo que confirmó el asesinato por medio de disparos de armas de fuego. Sin embargo, se ignora quiénes son los responsables intelectuales y a los autores materiales del crimen.

Teresa Aracely Alcocer acostumbraba a colaborar en una sección radiofónica dedicada a la lectura de cartas, y recientemente se había manifestado, desde sus redes sociales, en contra del asesinato de la niña Fátima, feminicidio que por sus resonancias aún conmueve a gran parte del país.

La FAPE se une a la FIP, a la que pertenece, en la condena al asesinato del comunicador Fidel Ávila en México

La FAPE se une a la FIP, a la que pertenece, en la condena al asesinato del comunicador Fidel Ávila en México

La FAPE se une a la FIP, a la que pertenece, en la condena al asesinato del comunicador Fidel Ávila en México. Desapareció el pasado 29 de noviembre. Su cuerpo fue hallado sin vida en el Estado de Michoacán, dentro su vehículo, convirtiéndose en el primer periodista asesinado en México este año

La Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE), perteneciente a la FIP, se une a ésta y a su organización afiliada, el SNRP, condenando el asesinato del locutor Fidel Ávila y demandando el esclarecimiento de este caso que enluta una vez más al periodismo latinoamericano.

Fidel Ávila Gómez, locutor y gerente de la radiodifusora La Ke Buena fue visto por última vez el pasado 29 de noviembre de 2019, cuando salió de su domicilio con destino al municipio de Altamirano, Estado de Guerrero, donde participaría de un evento cultural. A partir de ese momento, no se supo nada de él, hasta este martes 8 de enero, cuando fue hallado asesinado dentro de su vehículo en el municipio de San Lucas, cerca de los límites con el Estado de Guerrero.

La Fiscalía General del Estado de Michoacán confirmó que el cuerpo del comunicador presentaba heridas causadas por proyectiles de arma de fuego, pero aclaró que aún no se tienen datos sobre la autoría del crimen.

A su vez, la CEDH (Comisión Estatal de los DDHH) resaltó que en los últimos años en Michoacán se han elevado los índices de agresiones físicas y verbales contra comunicadores, sin que hasta el momento se conozca el resultado de los procesos judiciales contra los responsables de cada uno de los casos.

El Sindicato Nacional de Redactores de la Prensa (SNRP) sostiene que “solamente con una intervención pronta y decidida de las autoridades judiciales correspondientes, se podrán encontrar y castigar a los autores materiales e intelectuales del crimen de Fidel Ávila, y así detener el clima de impunidad que prevalece en México, en los casos de desaparición y muerte de trabajadores del periodismo.”

En el informe anual 2019 de la Federación Internacional de Periodistas (FIP) de periodistas asesinados, México encabeza la lista de los países donde se han registrado más asesinatos de periodistas y trabajadores de medios de comunicación.

La FAPE asume y respalda el comunicado de condena de la FIP ante el asesinato de Edgar Joel Aguilar

Edgar Joel Aguilar

La Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE) asume y respalda el comunicado emitido por la Federación Internacional de Periodistas (FIP) en el que condena el asesinato del periodista hondureño Edgar Joel Aguilar, quien fue asesinado por varios individuos sin identificar el sábado 31 de agosto en la localidad de La Entrada, situada en el departamento de Copán, al oeste de Honduras.

La FAPE y la FIP exigen que se haga justicia con los autores intelectuales y materiales de este terrible crimen.

Aguilar, quien trabajaba como corresponsal del Canal Seis de televisión en el departamento de Copán, fue asaltado por varios sujetos en el interior de una barbería, quienes sin mediar palabra dispararon contra él quitándole la vida de forma inmediata.

Según sus compañeros de trabajo, Aguilar había recibido amenazas de muerte e incluso un atentado contra su vida en el año 2014, lo que le llevó a solicitar medidas de protección al Estado. Sin embargo, estas nunca se le fueron brindadas.

Honduras se ha convertido en uno de los países más peligrosos de Centroamérica para ejercer el periodismo. El pasado 17 de marzo fue asesinado el periodista Leonardo Gabriel Hernández, por lo que ya son dos los asesinatos de periodistas en lo que va de 2019. A estos dos crímenes se une el asesinato del comunicador social Santiago Carvajal en el mes de julio.

El Secretario General de la FIP, Anthony Bellanger, ha dicho: “Lamentamos el asesinato de Edgar y mandamos nuestras más sinceras condolencias a su familia y amigos. Exigimos que se investigue y se haga justicia con los responsables materiales e intelectuales de este crimen, así como que se depuren responsabilidades sobre quienes le negaron protección a un periodista amenazado”.

La FAPE pide responsabilidad a los medios durante el juicio del caso Gabriel

La FAPE pide responsabilidad a los medios durante el juicio del caso Gabriel
Espacio de la 'Ballena' dedicado a, Gabriel Cruz, el pequeño asesinado por la expareja de su progenitor, inaugurado por los padres del niño Ángel Cruz y Patricia Ramírez, en Almería. EFE

La Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE) ha pedido este martes a los periodistas y medios de comunicación que mantengan una conducta responsable en el tratamiento informativo del juicio sobre el caso del niño Gabriel Cruz, que arranca el 9 de septiembre en la Audiencia de Almería.

«Sin perjuicio de proteger el derecho de los ciudadanos a estar informados, los periodistas y los medios deben aplicar estrictamente principios deontológicos básicos como el respeto de las personas a su propia intimidad e imagen», según se fija en las normas del Código Deontológico de la FAPE recordadas con motivo del citado juicio.

Y se recalca que se prestará «especial atención al tratamiento de asuntos que afecten a la infancia y a la juventud y se respetará el derecho a la intimidad de los menores«.

Otras normas son que solo la defensa del interés público justifica las intromisiones o indagaciones sobre la vida privada de una persona sin su previo consentimiento y que deben evitarse expresiones, imágenes o testimonios vejatorios o lesivos para la condición personal de los individuos y su integridad física o moral.

Asimismo, se establece que al tratar asuntos en los que medien elementos de dolor o aflicción, el periodista evitará la intromisión gratuita y las especulaciones innecesarias sobre los sentimientos y circunstancias de las personas afectadas.

La FAPE ha considerado también que «la conversión de la información en espectáculo es uno de los grandes males que están minando la credibilidad y el prestigio del periodismo» y que el objetivo de lograr la máxima audiencia «no puede conseguirse a base de dar pábulo a rumores, especulaciones y noticias falsas«.

Y ha recordado que el periodista también debe asumir el principio de que toda persona es inocente mientras no se demuestre lo contrario, un principio que, en su opinión, «se relega con excesiva frecuencia en beneficio del morbo y del sensacionalismo«.

La FAPE, consternada tras el asesinato de Nevith Condés: «Es una política de exterminio de periodistas en México»

Nevith Condés Jaramillo

La Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE) ha expresado su consternación ante lo que considera una política de exterminio de periodistas en México tras el asesinato del director del portal informativo ‘El Observatorio del Sur’, Nevith Condés Jaramillo, tres semanas después de que otros tres informadores murieran en las mismas circunstancias, en medio de un recrudecimiento de los ataques contra la prensa en la nación norteamericana.

La organización española, que preside Nemesio Rodríguez, asume y respalda el comunicado emitido por la Federación de Periodistas de América Latina y el Caribe (FEPALC) después de que el periodista mexicano haya sido asesinado en Tejupilco. Según ha recordado la FAPE, en lo que va de año, un total de 13  periodistas y comunicadores sociales han sido asesinados sin que ninguno de los responsables materiales o intelectuales haya sido  llevado a la justicia.

De este modo, ha explicado que la FEPALC ve con «especial preocupación que la violencia contra los periodistas en México se esté normalizando» por lo que hace un llamamiento a todas las  organizaciones de periodistas en el mundo y organismos internacionales para que miren el «horror» que ocurre en México.  «¿Cuántos colegas más tienen que asesinar para que el mundo se movilice en torno a esta atrocidad?», plantea la organización. Así, la FAPE se suma a la FEPALC, que representa a sindicatos y federaciones de periodistas de América Latina y el Caribe, en su repudia de este nuevo asesinato y se une al clamor de su afiliado, el Sindicato Nacional de Redactores de la Prensa de México para exigir al presidente Andrés Manuel López Obrador una política de protección efectiva y lucha frontal contra la impunidad.

«En circunstancias como estas reconocemos más que nunca la  necesidad de contar a nivel de Naciones Unidas con un convenio internacional como el que viene impulsando la Federación Internacional de Periodistas (FIP), que incrementaría la presión a los Estado para que prevengan y castiguen a los agresores de  periodistas y combatan la impunidad», han recalcado.

Asimismo, han destacado que en los últimos tres años México ha  sido el país más peligro para ejercer el periodismo, con más crímenes que territorios en guerra. «No aceptamos más las  versiones oficiales, que se han sucedido gobierno tras gobierno, que intentan descartar la pista profesional en la mayoría de los  casos. El Estado mexicano tiene que asumir su responsabilidad. Recurrimos por ello –de manera especial– a la Unión Europea a invocar la cláusula democrática de los acuerdos comerciales suscritos con México.

As su juicio, «no puede considerarse democrático un Estado que mantiene cifras de impunidad de 98% en los crímenes» de periodistas. «México se desangra y esta vez gobiernos y criminales tienen que oír la voz de los periodistas del mundo que no estamos dispuestos a seguir enterrando colegas por el hecho de ejercer su trabajo», han subrayado.

El comunicado emitido por la FEPALC y asumido y respaldado por la FAPE, está rubricado tambien por la Federación Nacional de Periodistas del Ecuador (FENAPE), la Federação Nacional dos Jornalistas (FENAJ), la Federación Colombiana de Periodistas (FECOLPER), el Sindicato Nacional de Periodistas de Costa Rica,  la Federación Nacional de Trabajadores de los Medios de Comunicación Social de Chile (FENATRAMCO), la Associations  des Journalistes Haitiens (AJH). El Sindicato Nacional de Redactores de la Prensa de México  (SNRP), el Sindicato de Periodistas de Panamá (SPP), el  Sindicato de Periodistas del Paraguay (SPP), la Asociación  Nacional de Periodistas del Perú (ANP), la Asociación de Prensa Uruguaya (APU), el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa de República Dominicana (SNTP) y el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa de Venezuela (SNTP) también suscriben el texto.

La FAPE reclama una sentencia justa e imparcial en el caso del periodista peruano Hugo Bustíos

FAPE –  Madrid, 20 de febrero de 2019

La FAPE reclama una sentencia justa e imparcial en el caso del periodista peruano Hugo Bustíos

La Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE) reclama una sentencia justa e imparcial al Tribunal Supremo Peruano en el caso del asesinato del periodista Hugo Bustíos Saavedra. Bustíos Saavedra fue asesinado por militares el 24 de noviembre de 1988, mientras desarrollaba su labor informativa en el marco del conflicto armado que asoló a Perú en las décadas de los 80 y 90 del siglo pasado y que tuvo su epicentro en Ayacucho.

La FAPE se solidariza con la familia del periodista asesinado y respalda los esfuerzos de la Asociación Nacional de Periodistas del Perú para que este crimen no quede impune.

La Corte Suprema peruana decidirá en los próximos días sobre el recurso presentado por la familia de Bustíos contra la sentencia de la Sala Penal Nacional que absolvió, el 4 de octubre de 2018, al exministro del Interior, general Daniel Arresti, al que varios testigos directos implicaron en el crimen.

Desde la FAPE, como organización europea integrada en la Federación Internacional de Periodistas (FIP), seguimos el caso atentamente y esperamos que la Corte Suprema peruana tenga en cuenta en  su valoración del caso todas las pruebas y evidencias que se han presentado.

La impunidad que rodea a los asesinatos de periodistas en varios países del mundo supone una de las más graves vulneraciones de los derechos de información y de libertad de prensa, pilares fundamentales de toda democracia que se precie.

RSF pide la liberación de 28 periodistas saudíes tras la muerte de Khashoggi

14ymedio.com – París | Octubre 30, 2018

Jamal Khashoggi fue asesinado presumiblemente por la monarquía absolutista de su país. (EFE)
Jamal Khashoggi fue asesinado presumiblemente por la monarquía absolutista de su país. (EFE)

Entre los veintiocho detenidos, RSF recuerda los casos de Raif Badawi, condenado a diez años de prisión en 2012 y a mil latigazos por «insultar al Islam»

(EFE).- Reporteros Sin Fronteras (RSF) denunció este martes el «encarcelamiento arbitrario» de veintiocho periodistas en Arabia Saudí, para los que pidió la «liberación inmediata y sin condiciones«, e inició una campaña de recogida de firmas para que se ponga fin a las «prácticas salvajes» del régimen de Riad.

En una misiva dirigida al príncipe heredero saudí Mohamed Bin Salmán publicada en la página web de la organización defensora de la libertad de prensa, se acusa a este de haber «multiplicado por dos el encarcelamiento» de periodistas y blogueros «a favor de las purgas«, desde que fue designado en 2017.

«¡Al menos 28 periodistas y blogueros se encuentran actualmente detrás de sus barrotes! Debe arrojar luz sobre el asesinato de [Jamal] Khashoggi y poner fin a estas prácticas de otra época«, subraya la petición, que aspira a alcanzar las 30.000 firmas.

RSF denuncia las detenciones arbitrarias, latigazos, torturas, secuestros y asesinatos, en cuya cúspide se sitúa ahora la muerte en el consulado saudí en Estambul de Jamal Khashoggi, el 2 de octubre.

Riad asegura que lleva a cabo una investigación «completa y transparente«, tras reconocer que el asesinato de este periodista disidente, exiliado y crítico fue premeditado.

El próximo 1 de noviembre, la Torre Eiffel apagará sus luces durante un minuto a petición de la organización, con sede en Francia, para protestar contra la impunidad de los delitos contra periodistas

La muerte del informador «muestra que el régimen no duda ante ningún método para callar a los periodistas que osan ejercer su derecho a la libertad de información y opinión en el país«, añade.

Entre los veintiocho detenidos, RSF recuerda los casos de Raif Badawi, condenado a diez años de prisión en 2012 y a mil latigazos por «insultar al islam»; el intelectual religioso y bloguero Salman al Awdah, sentenciado a muerte en septiembre de 2018, o la activista feminista Eman al Nafjan, en prisión desde mayo pasado.

Además, el próximo 1 de noviembre, la Torre Eiffel apagará sus luces durante un minuto a petición de la organización, con sede en Francia, para protestar contra la impunidad de los delitos contra periodistas.

Una antigua colega de Khashoggi, Fabiola Badawi, participará en el acto, en el que colabora el Ayuntamiento de París, y también estarán presentes Andrew Caruana, hijo de la periodista maltesa asesinada en octubre de 2017 Daphne Caruana Galizia, y el secretario general de RSF, Christophe Deloire.

Alerta en Europa ante los casos de violencia y acoso contra la prensa

El País – Bernardo de Miguel – 14 OCT 2018

Funeral por la periodista búlgara Viktoria Marinova, asesinada el pasado sábado en Ruse. (AP Photo/Vadim Ghirda)
Funeral por la periodista búlgara Viktoria Marinova, asesinada el pasado sábado en Ruse. (AP Photo/Vadim Ghirda)

El asesinato de varios periodistas, intimidaciones y presiones a profesionales y medios, activan la alarma en Bruselas.

La libertad de información y expresión se enfrentan a una creciente amenaza en Europa. El asesinato de varios periodistas, así como intimidaciones y presiones a profesionales y medios, han activado la alerta en Bruselas, que intenta poner coto a esta evolución, con más lentitud que eficacia. La comisión de Libertades del Parlamento Europeo votará este lunes un informe sobre un polémico proyecto de directiva para blindar las fuentes de información de grandes casos de corrupción. “Los periodistas de investigación necesitan protección”, señala Maite Pagazaurtundúa, eurodiputada de UPyD y ponente del texto.

Mientras el Europarlamento vota el informe sobre la nueva directiva, en Malta, familiares y amigos rendirán homenaje a Daphne Caruana Galizia, una periodista de investigación especializada en casos de corrupción que concernían, sobre todo, al partido socialista en el poder. El 16 de octubre de 2017, una bomba en su coche puso un brutal punto y aparte a sus incómodos reportajes.

Europa, a pesar de todo, todavía es uno de los lugares más seguros del mundo donde informar. Pero, según el último informe de Reporteros Sin Fronteras (RSF), también es la zona del planeta donde más se ha deteriorado la situación en 2018. En la clasificación de la organización sobre libertad de prensa en 180 países, 11 de los 28 socios de la UE han perdido puestos. Y algunos se han desplomado, como Eslovaquia (10 peldaños, hasta el puesto 27), República Checa (11 plazas, hasta el 34) o Malta (18, hasta el 65). El farolillo rojo europeo es Bulgaria, en el puesto 111.

El asesinato de Daphne Caruana Galizia fue el primer aldabonazo que alertó sobre la escalada de amenazas y hostilidades que pretenden cercenar la libertad de prensa en la UE. Poco después, en febrero de 2018, la sangre corría en Eslovaquia. El periodista Jan Kuciak y su novia, Martina Kusnirova, eran tiroteados en su propia casa. Y la semana pasada, aparecía violada y degollada en Bulgaria la presentadora de televisión Viktoria Marinova.

La libertad de información y expresión se enfrentan a una creciente amenaza en Europa. El asesinato de varios periodistas, así como intimidaciones y presiones a profesionales y medios, han activado la alerta en Bruselas, que intenta poner coto a esta evolución, con más lentitud que eficacia. La comisión de Libertades del Parlamento Europeo votará este lunes un informe sobre un polémico proyecto de directiva para blindar las fuentes de información de grandes casos de corrupción. “Los periodistas de investigación necesitan protección”, señala Maite Pagazaurtundúa, eurodiputada de UPyD y ponente del texto.

Mientras el Europarlamento vota el informe sobre la nueva directiva, en Malta, familiares y amigos rendirán homenaje a Daphne Caruana Galizia, una periodista de investigación especializada en casos de corrupción que concernían, sobre todo, al partido socialista en el poder. El 16 de octubre de 2017, una bomba en su coche puso un brutal punto y aparte a sus incómodos reportajes.

Europa, a pesar de todo, todavía es uno de los lugares más seguros del mundo donde informar. Pero, según el último informe de Reporteros Sin Fronteras (RSF), también es la zona del planeta donde más se ha deteriorado la situación en 2018. En la clasificación de la organización sobre libertad de prensa en 180 países, 11 de los 28 socios de la UE han perdido puestos. Y algunos se han desplomado, como Eslovaquia (10 peldaños, hasta el puesto 27), República Checa (11 plazas, hasta el 34) o Malta (18, hasta el 65). El farolillo rojo europeo es Bulgaria, en el puesto 111.

El asesinato de Daphne Caruana Galizia fue el primer aldabonazo que alertó sobre la escalada de amenazas y hostilidades que pretenden cercenar la libertad de prensa en la UE. Poco después, en febrero de 2018, la sangre corría en Eslovaquia. El periodista Jan Kuciak y su novia, Martina Kusnirova, eran tiroteados en su propia casa. Y la semana pasada, aparecía violada y degollada en Bulgaria la presentadora de televisión Viktoria Marinova.

“La opinión pública de varios países europeos empieza a preguntarse en qué tipo de sociedades vamos a vivir”, señala sin disimular su inquietud Scott Grieffen, director adjunto del International Press Institute (IPI), una asociación de profesionales del sector procedentes de más de 100 países y con sede en Viena.

El móvil del crimen en Bulgaria sigue sin aclararse. Pero las alertas se dispararon porque una semana antes, Marinova se había hecho eco de una investigación sobre un caso de corrupción relacionado con los fondos estructurales de la UE. El reportaje se había realizado con ayuda del programa IJ4EU del Parlamento Europeo de apoyo al periodismo de investigación, gestionado, precisamente, por el IPI.

El director adjunto de este instituto lo reconoce. “Estamos extremadamente preocupados”. “Antes”, añade Grieffen, “los asesinatos de periodistas ocurrían en lugares como México, Afganistán o Filipinas. Ahora se cometen en países de la UE, lo cual no había ocurrido desde hace años”.

Este inquietante diagnóstico lo corroboran en el Centro para el pluralismo y la libertad de medios (CMPF) del Instituto Europeo Universitario (EUI), con sede en Florencia. “Nuestra investigación y nuestros análisis describen una situación cada vez más alarmante para los periodistas en la mayoría de los países”, apunta Elda Brogi, coordinadora científica del CMPF. Las causas del deterioro de la libertad de prensa en Europa parecen más difíciles de rastrear, pero Brogi da algunas pistas. Los análisis de su centro evalúan los riesgos para el pluralismo de los medios, en Europa y fuera de Europa, sobre la base de una serie de indicadores, legales, económicos y sociopolíticos. Y el retrato que sale tras pasar ese tamiz presenta unos rasgos bastante espantosos. “Los periodistas trabajan cada vez en peores condiciones, lo cual les expone a presiones exteriores, al mismo tiempo que afrontan todo tipo de amenazas, físicas y online, procedentes de ciudadanos, políticos y el crimen organizado”, enumera Brogi.

“¿Será que los periodistas están indagando en temas más sensibles?”, se pregunta Grieffen. Ese era el caso de Kuciak, que a sus 27 años se convirtió en el primer periodista asesinado en Eslovaquia desde la independencia del país en 1993 tras publicar varios artículos sobre presuntas relaciones de la mafia italiana con el Gobierno. Preparaba un artículo que vinculaba directamente con la corrupción al entonces primer ministro, el socialista Robert Fico. Jamás podrá terminarlo.

En el caso de Daphne Caruana las investigaciones se remontaban años atrás, pero su asesinato se ha producido en medio de la creciente oleada que cuestiona a los medios de comunicación y mina su credibilidad.

Esa corriente, impulsada por Donald Trump, ha saltado el Atlántico. Y se ha entreverado con los asesinatos impunes de periodistas acontecidos en Rusia y países bajo influencia de Moscú. La mezcla de ambas tendencias en suelo europeo ha derivado en un cóctel letal que golpea a varios países, en particular, a los más vulnerables. “En los países con un Estado de derecho frágil”, advierte Grieffen, “hay gente que cree estar por encima del sistema judicial o que se siente suficientemente protegido como para pensar que pueden cometer un crimen con impunidad”.

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